En los últimos tres meses, solamente en Mayarí, se han producido cientos de registros domiciliarios en busca de potenciales delitos.
Holguín | DDC – La Policía de Mayarí, Holguín, está registrando viviendas de campesinos pobres, a los que ha impuesto multas e incautado medios de trabajo, informan afectados y vecinos del lugar.
Este sábado, la Policía registró la vivienda de una familia humilde en el barrio de Colorado, le confiscó mangueras de riego y amenazó con iniciar acciones peores.
«Llevamos dos días seguidos bajo asedio policial, registrando nuestra casa sin ser delincuentes, ni acaparadores ni nada. No tenemos nada deshonesto, somos solamente campesinos pobres y, además, Testigos de Jehová. No cometemos delitos por convicción religiosa, únicamente trabajamos para sobrevivir», dijo Cecilia Carballosa, dueña de la propiedad, llorando y temblando de miedo.
«Se llevaron a mi hijo para la estación con las mangueras de riego que compró en la Tienda de Materiales de la Construcción. Son finas, de media pulgada y tres cuartos, de las que vendieron por la libre para agua corriente. Nosotros compramos 100 metros para las hortalizas, y ahora dicen que tienen que investigarlas», añadió Carballosa.
«Lo único que hacen es dañar a los infelices porque a los ladrones no los cogen, andan impunes por aquí», lamentó.
Según Cecilia, el viernes la Policía llegó a su casa «con tres guardabosques».
«Nos impusieron 50 pesos de multa porque pelamos el tronco de un arbusto de ‘sauco’ que brotó de un retoño en un poste viejo, demasiado cerca de la casa para dejarlo crecer más. Es una plaga aquí en esta zona, no es un árbol ni nada. Pero cuando quieren multar, cualquier cosa sirve», relató.
«Mi hijo, Yasmany Torres, se molestó y, por reclamarles, el policía lo multó con 20 pesos también, bajo amenaza de llevarlo preso por desacato a la autoridad».
«Pero no se conformaron, y hoy volvieron cuatro policías en total, incluido el de ayer», continuó Carballosa. «Se llevaron las mangueras bajo amenaza de que si ofrecíamos resistencia nos decomisaban todo lo que quisieran».
«Una familia honrada debería sentirse protegida por ellos, pero lo que sentimos es miedo, porque te quitan cualquier cosa y enseguida sacan el talonario de multas. Vamos a ver si devuelven las mangueras, pero es difícil, lo que esa gente se lleva rara vez lo devuelve».
Vecinos de Cecilia están indignados por la injusticia de la Policía. Según Janner, dueño de una finca colindante, «es abusivo que le quiten las mangueras de riego a los religiosos (la familia de Cecilia), porque son gente muy pobre y seria. Lo único que hacen es trabajar y ahí no hay delitos. Eso lo que da es vergüenza. Los policías deberían dedicarse a perseguir bandidos, no a perjudicar a la gente trabajadora».
«Ayer mismo, que yo sepa, registraron a dos casas más por aquí cerca y pusieron multas de 250 pesos y 50 pesos en una y otra, además de llevarse los supuestos delitos: un cuadrante de madera en uno de los casos y no sé qué bobería en el otro», dijo Emilio, otro vecino.
«Tienen a todo el mundo asustado. En la televisión ponen casos de gente que se ha enriquecido, pero aquí en Mayarí ni eso, desgracian hasta a los más pobres», añadió.
Cecilia Carballosa Beltrán es suegra del periodista de DIARIO DE CUBA Osmel Ramírez Álvarez, bajo vigilancia permanente de la policía política y a quien el régimen impide viajar al exterior desde noviembre de 2017.
El asedio policial se ha recrudecido en el país con la crisis económica y la complejidad que ha añadido el Covid-19. Al parecer, el Gobierno, temeroso de un estallido social debido a la carencia de productos de primera necesidad, utiliza como estrategia sembrar el miedo.
En los últimos tres meses, solamente en Mayarí, se han producido cientos de registros domiciliarios en busca de potenciales delitos, con incautación de carretones que transportan insignificantes cargas de productos del agro o alimentos porcinos, de herramientas en talleres mecánicos minúsculos y en carpinterías de trabajadores por cuenta propia que ni siquiera contratan empleados.
Lo que parece un ataque dirigido principalmente contra la iniciativa privada en particular, tiene repercusiones en toda la población en general.