En Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala figuran con graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática.
Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica su Informe Anual 2021, un instrumento de referencia y de transparencia institucional que compila la situación de los derechos humanos y presenta los avances y desafíos que se han producido en la región.
«El Informe Anual contribuye con la implementación de los estándares interamericanos que transforman la vida de las personas y el quehacer de las instituciones públicas de los países de la región», señala la Presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón.
Cada uno de los 6 capítulos del Informe Anual exhibe los logros institucionales. Mientras que el capítulo I presenta las actividades de la CIDH, el capítulo II contiene información sobre los avances históricos conseguidos respecto a la reducción del atraso procesal y el seguimiento de recomendaciones del sistema de peticiones y casos. Se resalta que en 2021 se aprobaron 345 informes de admisibilidad y 264 admisibilidades, además de 81 inadmisibilidades. En 36 reuniones de trabajo y 57 de mediación se logró la suscripción de 21 nuevos acuerdos de solución amistosa. Estos resultados han tenido un impacto notorio en la protección y acceso integral a la justicia, tanto de las víctimas que recurrieron a la CIDH como también en aquellas políticas y leyes que inciden en los derechos humanos.
En los 75 informes de fondo adoptados en 2021 y los 14 informes finales publicados se desarrollan temas de una importancia fundamental para la región. Destacan los referidos al acceso a la justicia y a la proporcionalidad de las sanciones por crímenes de lesa humanidad, los derechos de las mujeres en contextos de privación de la libertad, el derecho a la reparación por la responsabilidad de empresas por graves violaciones a los derechos humanos y la obligación de prevenir la tortura y violencia sexual de mujeres desaparecidas. Se recoge también el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, la licencia por maternidad para madres adoptantes, el derecho a la salud de las personas mayores, como también las obligaciones de regulación y fiscalización de las políticas públicas de salud reproductiva y de planificación familiar.
La CIDH otorgó 73 nuevas medidas cautelares, decidió ampliar otras 33 y solicitó a la Corte IDH cinco medidas provisionales. Asimismo, emitió cuatro resoluciones de seguimiento a medidas cautelares, ante la persistencia de factores de riesgo o la identificación de desafíos en su implementación. También se levantaron 40 medidas cautelares por considerar que ya no existían factores de riesgo que sustentaran su vigencia. Durante 2021 se revisaron todas las solicitudes de medidas cautelares que se registraron hasta el 2019 y que estaban pendiente de una decisión final.
El capítulo III se enfoca en las actividades de las relatorías temáticas y de país, de promoción y capacitación. El capítulo IV muestra las tendencias regionales con los avances y desafíos en derechos humanos que tienen los 35 Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entre los avances se destacan las acciones de algunos Estados para llevar a cabo elecciones de forma pacífica en el contexto de la pandemia, reducir las tasas de encarcelamiento, reconocer la identidad de género en documentos de identidad y el matrimonio igualitario. El capítulo resalta la implementación de normas para la regularización de la situación de personas migrantes y asegurarles el acceso a las vacunas contra COVID-19, además de implementar políticas inclusivas de personas con discapacidad y avanzar en la posibilidad de la interrupción legal del embarazo.
En referencia a las tendencias preocupantes, el Informe Anual señala que en algunos países hubo retrocesos en la vigencia del Estado de derecho y ataques o desconocimiento a la independencia judicial. Se observó el debilitamiento de instituciones nacionales de derechos humanos, el cierre de espacios democráticos mediante la promulgación de leyes e iniciativas que restringieron el derecho de asociación, a la libertad de expresión, de participación y de reunión pacífica. Se menciona la preocupante militarización en tareas de seguridad ciudadana, así como el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de las protestas sociales.
También apunta el Informe los retrocesos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de personas LGBTI, las situaciones de violencia extrema del crimen organizado, la persistencia de desaparición de personas, así como las múltiples formas de violencia contra las mujeres. Se señala que decenas de miles de personas migrantes y refugiadas se enfrentaron a políticas migratorias restrictivas y a situaciones de riesgo e inseguridad en las fronteras.
En el capítulo IV.B se encuentran los Estados de Cuba, Nicaragua, Venezuela, y Guatemala, debido a que en dichos países se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática. En este punto, la CIDH reconoce la iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo, sobre la base de un diálogo franco, con el fin de dar seguimiento a sus recomendaciones respecto de las preocupaciones observadas, así como su disposición para atender los requerimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El capítulo V se centra en el seguimiento de recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana a los Estados de Honduras y de México mediante los informes de país, y el informe temático sobre verdad, justicia y reparación en Colombia.
El último capítulo del Informe Anual detalla la estructura institucional, la distribución y ejecución de sus recursos financieros y los proyectos implementados con sus respectivos donantes. En los anexos se encuentran informes, resoluciones y los trabajos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
«El Informe Anual 2021 da continuidad al compromiso que la CIDH ha desarrollado en sus sesenta años de historia, día a día, para servir a la memoria de las víctimas de violaciones a los derechos humanos -señala la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi-. En este camino, hacemos también un reconocimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil y de las personas defensoras que luchan por conseguir una región más justa e igualitaria».
Finalmente, la Comisión Interamericana agradece el trabajo realizado por los Estados Miembros y observadores de la OEA, a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos internacionales y regionales, al Secretario General de la OEA. Como también el de los donantes cuyas contribuciones han sido decisivas para alcanzar los logros presentados. También agradece la labor desarrollada por el equipo de la Secretaría Ejecutiva y reconoce el histórico aumento en su productividad durante el 2021, más cuando éste tuvo lugar en el contexto de la pandemia y el trabajo remoto.
La Comisión espera que este instrumento de referencia regional contribuya a dar seguimiento a la situación de los derechos humanos que viven y enfrentan las personas del hemisferio, y que haga aportes significativos a la rendición de cuentas y a la transparencia institucional.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región a partir de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete comisionadas y comisionados que fueron elegidos por la Asamblea General de la OEA, quienes no representan a sus países de origen o residencia.