Los universitarios cubanos, entre numerosas limitaciones impuestas para empeñar sus profesiones, no consiguen licencias para desempeñar su profesión como particulares.
AGENCIAS | Pinar del Río – Los casos de éxito de jóvenes profesionales que ofrecen sus servicios al Estado desde el ámbito privado son casi una excepción en Cuba, donde el sector público acapara su trabajo. A pesar de algunas medidas que han permitido ampliar el número de emprendimientos privados, los universitarios no consiguen licencias para desempeñar su profesión como particulares, reporta la AP.
Los profesionales que apuestan por quedarse en la Isla pero aspiran a obtener mejores salarios que los estatales deben sortear las limitaciones impuestas por la ley, y la falta de oportunidades es uno de los motivos por el cual miles de jóvenes emigran.
«Éramos unos jóvenes con muchas inquietudes en relación con la ciudad», dijo Oriesky Bencomo, uno de los tres arquitectos de Ágora, en Pinar del Río, un estudio informal dado que en Cuba no está permitido que los arquitectos monten una oficina.
Bencomo y sus compañeros promovieron su trabajo ante el gobierno local en 2014, cuando el paso de huracanes dejó la ciudad en mal estado.
«Nos acercamos al gobierno porque sabíamos que habría intervenciones y les propusimos el concepto», explicó Yasser Jiménez, otro de los integrantes del equipo. En solo dos años, su estudio desarrolló unos 60 proyectos; una docena para el Estado y el resto para particulares.
Su caso dista de la realidad que viven otros universitarios que no tienen autorización para ejercer sus profesiones fuera de entidades estatales u organizaciones afines, con sueldos menores a los del sector privado, orillando a los que se quedan en el país a buscar puestos en sectores emergentes, como los restaurantes o el turismo, o a registrarse como practicantes de un oficio que no corresponde a sus habilidades.
De hecho, para desarrollar Ágora los treintañeros Jiménez, Bencomo y José Luis Valdés tuvieron que inscribirse como «decoradores» y «artesanos».
Para remodelar la Calle Martí, de Pinar del Río, los arquitectos trabajaron con una empresa de servicios comunales y gracias a ello esta logró librarse de la burocracia que podría haber demorado las obras durante meses si utilizaba una firma del Estado. Sin embargo, debido a las limitaciones a sus licencias, los jóvenes profesionales no pudieron llevar a cabo la ejecución completa.
Aunque esta obra representó un avance en su carrera, los arquitectos no podrán desarrollar todo su potencial mientras siga sin existir una autorización que les permita trabajar por completo de manera privada o instalar una cooperativa.
«Nosotros somos los jóvenes que optamos por quedarnos (en Cuba) y realmente quisiéramos hacer más… proyectos de todo tipo, contratar servicios de ingenieros, hacer un edificio desde cero», dijo Jiménez.
Según cifras oficiales, los trabajadores independientes alcanzaron los 535.000 a fines de 2016 en las 200 categorías permitidas por el Gobierno principalmente en el sector de los servicios, un salto cualitativo desde los 140.000 reportados en 2009. Además se autorizó la apertura de cooperativas no agropecuarias —actualmente unas 400— en áreas como la construcción o el reciclamiento de basura.
Sin embargo, las autoridades suspendieron recientemente la entrega de nuevas licencias en rubros como el alquiler de habitaciones a turistas o bares, algunas de las más rentables.
Aunque esta medida no afectó directamente a profesionales como estos arquitectos, abogados, informáticos o médicos, entre otros que carecen de las autorizaciones para ejercer de manera privada, la coyuntura les provocó dudas sobre el panorama futuro.
Irina García, graduada de Derecho en 2009, se desempeñó como fiscal, pero terminó como asesora jurídica de una asociación ligada a la Iglesia Católica.
«La mayoría que entra a esta carrera quiere ejercer el Derecho… y la mejor manera es teniendo tu propia firma con un grupo de personas», dijo. Añadió que no puede tener su propio bufete porque de las licencias aprobadas «ninguna está prevista para los servicios legales».
Ella y otros profesionales sostienen que el Gobierno teme que la apertura vacíe las instituciones estatales.
«Cuando (los profesionales) realmente se sientan estimulados, no todos se van a ir a hacer un negocio privado. No todo el mundo tiene la disposición, los fondos o la valentía, porque hay quien prefiere la estabilidad», consideró García.
Según datos oficiales, el sueldo estatal promedio ronda los 29 dólares al mes. En contraste, un puesto en negocios privados tiene ingresos superiores.
El costo de este fenómeno para el país es alto, advirtieron especialistas.
Para el economista Omar Everleny Pérez, la falta de una normativa para servicios profesionales «produce descalificación» porque estas personas dejan sus trabajos para irse a otros sectores, o favorece la emigración.
Según Pavel Vidal, profesor en la Universidad Javeriana Cali, en Colombia, pese a éstas y otras limitaciones para los autorizados, el empleo en el sector privado en la Isla creció un 7% en 2016, en contraste con la contracción del Producto Interno Bruto de la economía, de 0,9%.
«Estás moviendo al sector privado una fuerza de trabajo calificada», dijo Vidal a la AP y advirtió que aunque para los profesionales que trabajan en restaurantes o de taxistas sus desempeños significan un aumento en sus ingresos familiares, «no tiene sentido haber invertido miles de millones en educación y enviarlos a un área de bajo valor agregado».
Algunos son optimistas y esperan que la apertura de la pequeña y mediana empresa prometida por el Gobierno permita el desarrollo de los profesionales. Otros, no obstante, lo consideran un horizonte lejano.