Llaman al Estado a cesar actos de persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión y creación artística
Washington D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión (RELE) y para los Derechos Económicos Sociales y Culturales (REDESCA) condenan el hostigamiento a artistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba, y llaman al Estado a cesar los actos de persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión.
Desde comienzos de 2021, la CIDH y sus Relatorías Especiales siguen con preocupación la escalada represiva contra periodistas independientes, artistas y personas defensoras de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión y de creación artística en el país. En este contexto, preocupa especialmente el hostigamiento a las personas integrantes del Movimiento San Isidro (MSI), que, desde noviembre de 2020, vienen siendo objeto de acoso por parte de la policía política y del Departamento de Seguridad del Estado. En las semanas y meses que siguieron a la paradigmática protesta del 27 de noviembre, se documentaron numerosas detenciones a personas que forman parte del MSI y sus aliadas, quienes se enfrentan a una constante vigilancia policial fuera de sus viviendas, lo que podría equivaler a un arresto domiciliario.
El 3 de abril, la RELE se reportó la presunta detención arbitraria del artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del MSI. De acuerdo con información públicamente, varias personas activistas se habrían dirigido a la estación policial de La Habana Vieja para averiguar sobre su paradero y exigir su liberación, motivo por el que también habrían sido detenidas Carolina Barrero, Maykel «Osorbo» Castillo, Amaury Pacheco, Yenisleidys Borroto y Eliexer Márquez. Según la activista Anamely Ramos, habrían sido «llevado a golpes» hacia otra estación en el municipio del Cerro. Asimismo, el 5 de abril habrían sido detenidos en La Habana los activistas y periodistas Luis Manuel Otero, Héctor Luis Valdés, Esteban Rodríguez, María Matienzo, Kirenia Yailit y Manuel Cruz. Por otra parte, el activista opositor Bárbaro de Céspedes habría permanecido desaparecido durante una semana en Camagüey, luego de ser detenido en la puerta de la iglesia Nuestra Señora de la Merced cuando repartía papeles con frases de José Martí.
Más recientemente, el 16 de abril, oficiales de la policía política habrían allanado de forma violenta la sede del Movimiento San Isidro, además de confiscar y destruir varias obras del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue detenido en esa misma oportunidad por agentes de la Seguridad del Estado. Según la información disponible, el hostigamiento contra el artista estaría vinculado a su performance titulada «El Garrote Vil», que compartió en vivo a través de sus redes sociales, que según manifestó tenía como fin denunciar «la manera arbitraria en la cual son acusados los activistas y opositores en Cuba» y el ordenamiento jurídico que avala condenas desproporcionadas a quienes deciden expresarse de forma contraria a los intereses del régimen. Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado al mediodía del 17 de abril, tras 16 horas de arresto. Según señaló, fue llevado a tres unidades policiales y en la tercera de ellas, la unidad del Cotorro, habría pasado la noche en un calabozo.
También, según información, entre el 17 y 25 de abril, Luis Manuel Otero habría sido detenido aproximadamente 8 veces a menos de cien metros de la puerta de su vivienda. El 25 de abril, luego de denunciar persistentes intimidaciones al intentar salir de su residencia y evadir la prisión domiciliaria ilegal, el artista se declaró en huelga de hambre y sed para exigir que el Estado le devuelva sus obras confiscadas y realice una disculpa pública. Además, pidió por la libertad de expresión y el fin del acoso policial, que incluía un cerco policial en su barrio, una cámara de vigilancia instalada frente a su puerta y, según denunció el MSI, cortes de internet en la zona en la que se encuentra su vivienda. Simultáneamente, varios integrantes del MSI que intentaron salir a manifestarse por la situación de Luis Manuel Otero habrían sido detenidos e impedidos de salir de sus casas.
El 2 de mayo, al octavo día de huelga de hambre y sed, Luis Manuel Otero fue ingresado al Centro de Urgencias del Hospital Universitario General Calixto García, según un comunicado de la Dirección Provincial de Salud de la capital de Cuba. Allí también indicaron que «no se constataban signos de desnutrición» y que el activista había sido internado y recibía atención médica, presentando «parámetros clínicos y bioquímicos normales». Según información recibida, desde la internación del artista existiría un fuerte despliegue policial alrededor del hospital. Integrantes del MSI y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la seguridad del Estado habría obligado a Luis Manuel Otero Alcántara a abandonar su casa, internándolo en contra de su voluntad; además, cuestionaron el comunicado oficial y exigieron más información.
La CIDH y sus Relatorías Especiales no han recibido más información acerca del estado de salud de Luis Manuel Otero. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la falta de transparencia del Estado sobre el tema y, según trascendió públicamente, desde el MSI se presentó una acción de hábeas corpus a favor de Luis Manuel Otero ante el Tribunal Provincial Popular de la Habana, el cual ha sido denegado por la Sala Cuarta de lo Penal en el pasado 5 de mayo. Ante esta incertidumbre, hacen un llamado a la comunidad internacional a seguir con particular atención la situación de Luis Manuel Otero Alcántara.
Asimismo, la CIDH señala que Luis Manuel y otras 20 personas integrantes del Movimiento San Isidro son beneficiarias de Medidas Cautelares, otorgadas por la Comisión el 11 de febrero de 2021, tras considerarse que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.
En este contexto, la CIDH y sus Relatorías Especiales recuerdan que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, además de garantizar el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, establece el derecho a beneficiarse de la cultura, protegiendo a las y los artistas y sus obras, así como el derecho al trabajo en condiciones dignas y libres. Tales derechos se ven afectados de manera interdependiente en los hechos antes descritos, en relación con el Movimiento San Isidro y su integrante Luis Manuel Otero. Asimismo, llaman al Estado de Cuba a la efectiva protección del derecho a participar de la vida cultural y beneficiarse de los intereses morales y materiales sobre sus obras de todas las personas artistas, sin discriminación.
Además, en cuanto a la situación de Luis Manuel Otero, se pone énfasis sobre el hecho de que las huelgas de hambre son una forma de protesta social y pacífica, debiendo garantizarse la libertad de expresión y la autonomía de las personas, así como su derecho a la salud y bienestar, asegurando que eligen esa forma de protesta accedan a la asistencia sanitaria de manera consentida, sin que medien amenazas, presiones o coacciones por parte del Estado.
A los hechos recientemente mencionados se suman diversos actos de hostigamiento contra periodistas independientes a los que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha dado seguimiento durante el primer trimestre de 2021, que incluyen impedimentos para salir de sus casas, detenciones arbitrarias, hostigamiento al entorno familiar y amenazas judiciales. Así, por ejemplo, de acuerdo con la información recibida, desde febrero de 2021, periodistas y directivos del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), organización cubana que también publica siete periódicos gratuitos en el país, habrían sufrido constantes interrogatorios y amenazas por parte del Departamento de Seguridad del Estado.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) documentó 478 «acciones represivas» atribuidas a las fuerzas de seguridad cubanas en marzo, y 1018 en abril, señalando que abril es el peor mes en lo que va de 2021 y también la peor cifra en el último año. Según señaló la organización, «sitiar viviendas de activistas, de forma arbitraria, volvió a ser la matriz represiva predominante».
Por su parte, Prisoners Defenders (PD) publicó datos recientes que revelan la existencia de por lo menos 145 personas privadas de libertad y con condenad política en Cuba. Según la organización, desde mayo de 2020, han ingresado 59 nuevas personas en carácter de presos políticos, sin indultos ni rectificaciones de condena en ningún caso. Asimismo, son denunciadas prácticas de tortura y malos tratos a estas personas.
Tal como la CIDH y su RELE han advertido en anteriores oportunidades, existe en Cuba una práctica de persecución y hostigamiento en contra de periodistas y medios independientes, defensores y defensoras de derechos humanos y artistas que denuncian la falta de libertades y derechos políticos o participan de asuntos políticos. En su Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en Cuba, resaltaron que se presenta en el país una sistemática represión por parte de agentes estatales y grupos afines al oficialismo, que buscarían impedir las protestas o reuniones pacíficas organizadas por defensores de derechos humanos, activistas u opositores del gobierno para reclamar por violaciones a los derechos humanos y/o asuntos políticos o sociales.
Adicionalmente, la CIDH ha registrado en los últimos años, en particular en el marco de su Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, la existencia un amplio control estatal sobre las manifestaciones, las cuales serían vigiladas. En general, las actividades que involucran la participación de disidentes suelen ser intervenidas y los participantes reprimidos con violencia y detenidos. La CIDH ha conocido que estas detenciones procuran desalentar las manifestaciones críticas al gobierno, obstaculizar la libre expresión de las opiniones e ideas, impedir la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales, y el surgimiento de nuevos liderazgos.
Conforme a lo señalado en los mencionados informes, la CIDH y sus Relatorías llaman al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reunión pacífica y libertad de expresión, sin discriminación por razones de opinión política. Así también, insisten en las recomendaciones allí realizadas en lo que refiere a poner fin en el más breve plazo a la práctica de acoso y hostigamiento de activistas, artistas y periodistas independientes que ejercen su derecho a la libertad de expresión.
La RELE es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.