Washington D.C – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) constatan con preocupación la continuidad de estrategias represivas e intimidatorias por parte del Estado de Cuba con el fin de obstaculizar el desarrollo de la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre, que finalmente no se realizó.
Según información pública, integrantes de la plataforma Archipiélago y de otros grupos de la sociedad civil solicitaron autorización a las autoridades competentes para llevar a cabo la marcha pacífica contra la violencia y a favor del respeto a los derechos humanos, y por la liberación de presos políticos en el país. Sin embargo, las autoridades cubanas denegaron la solicitud por considerarla ilícita y por no reconocer la legitimidad de las razones que esgrimen para la misma, de acuerdo con lo expresado por quienes organizaban la marcha.
Asimismo, la Comisión tomó nota de que la Fiscalía General de la República habría advertido a las personas organizadoras que de insistir a la protesta, serían acusadas de varios delitos, entre ellos desobediencia, manifestaciones ilícitas e instigación a delinquir. Se recibió información también sobre diversos actos represivos e intimidatorios durante entre el 12 y 15 noviembre, reportes de alegadas retenciones domiciliarias con vigilancia policial, detenciones arbitrarias, actos de repudio y hostigamiento en contra de las personas organizadoras y de quienes apoyaban la marcha, citaciones a interrogatorios en estaciones policiales, amenazas de imputación de delitos y cortes deliberados en el servicio de internet. Estas acciones represivas conllevaron un escenario generalizado de temor y autocensura, y desalentaron el ejercicio del derecho de protesta por parte de la ciudadanía.
Adicionalmente, periodistas de diversos medios de comunicación independientes como 14yMedio, ADN Cuba y La Hora de Cuba habrían sido citados a interrogatorios por la policía en los días previos. La RELE observa la persistente situación de asedio de agentes de la Seguridad del Estado en las residencias de reporteras y reporteros que informan activamente sobre asuntos de interés público y cuestionan al gobierno. En particular, se conoció que el Centro de Prensa Internacional de Cuba retiró las acreditaciones a cinco corresponsales de la Agencia EFE en La Habana, dos de las cuales habrían sido devueltas en horas posteriores. La agencia de noticias manifestó que se trata de una medida sin precedentes respecto a la labor de la prensa internacional en la isla.
La CIDH y su RELE tomaron nota de la salida al exilio de Yunior García (el 17 de noviembre) uno de los líderes de la Plataforma Archipiélago y promotores de la marcha cívica. Según información, ello habría sido motivado por las amenazas, la retención domiciliaria, y los actos de hostigamiento en su contra y de su familia.
Frente a esta realidad, la CIDH y su RELE recuerdan que los Estados deben actuar sobre la base de que las protestas sociales son lícitas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. Como sostiene el informe protesta y derechos humanos, la actuación policial en contextos de manifestaciones debe tener por fin facilitar y proteger los derechos de las personas que participan de las mismas, no la confrontación y limitación de derechos. La protesta social y la libertad de expresión constituyen herramientas que contribuyan a explorar mecanismos de diálogo e intercambio entre las autoridades y la ciudadanía.
La CIDH y su RELE hacen un llamado al Estado para que se asegure la no repetición de las violaciones a los derechos humanos que se han constatado desde el 11 de julio en Cuba; y recuerdan su deber de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a reunión pacífica.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.