Miami | Para la izquierda, los sindicatos son instrumentos reformistas que la vanguardia política utiliza para dinamizar la lucha de clase frente al capitalismo. La frase leninista de “correa de transmisión del Partido” no es más que la propuesta práctica marxista para impulsar la lucha del proletariado y propiciar la conciencia de clase, es decir, según el catecismo marxista, cuando el proletariado pasa de ser “una clase en sí, para ser una clase para sí”.
La revolución proletaria la protagoniza el Partido, por ello los sindicatos siempre serán instrumentos subordinados a éste. La independencia y autonomía de los sindicatos son simple desviaciones reformistas a todas luces condenables.
Esta es la concepción política del Secretariado de la Confederación Sindical de las Américas (CSA). Así piensan Víctor Báez, Rafael Freire y –¡oh, sorpresa!– Amanda Villatoro. Sin olvidar otros funcionarios subalternos, lubricado todo ello por el financiamiento del gobierno venezolano y, hasta hace sólo un año, también del brasileño.
En consecuencia, lo que es el deber ser de los sindicatos en cada país respecto a la vanguardia política, el Partido, se reproduce a nivel regional. La CSA es la “correa de transmisión” de la plataforma política de los partidos en ese ámbito, el Foro de São Paulo y de los gobiernos, ejercido por esos partidos en el continente.
Por tal motivo se constata el respaldo incondicional de la CSA a los gobiernos de los países del ALBA, y su silencio cómplice ante las violaciones extremas a los derechos humanos que se registran en Cuba y Venezuela.
En esta lógica, constatamos que la CUT (Central Única dos Trabalhadores) de Brasil es un apéndice del Partido de los Trabajadores (PT) de ese país. “Fundamos este partido para tomar el poder porque desde los sindicatos no se puede tomar el poder”, ha expresado en muchas oportunidades su fundador y líder Lula da Silva. A confesión de parte, relevo de prueba, dirían los abogados.
Esta subordinación externa de la organización requiere la homogeneidad política interna. De ahí la intolerancia y exclusión que caracterizan los sindicatos dominados por el izquierdismo latinoamericano, por la izquierda decimonónica que impera en Las Américas y muy particularmente en un sector del sindicalismo regional. De allí la forma anti democrática en que se conduce la CSA y la supresión de los sectores democráticos de su seno.
No se tolera la disidencia interna, ni la pluralidad; los estatutos consagran la hegemonía de la mayoría e impiden la expresión y participación de las minorías.
Esta hegemonía interna es necesaria para el manejo caprichoso de las finanzas. Todos los recursos que entran y se gastan en la CSA forman parte de una caja negra. Conocedores de la vida interna de esa organización afirman que hay evidencias claras de una doble contabilidad y laxitud en la rendición de cuenta de los recursos bajo la cooperación de la OIT y otros organismos internacionales. El financiamiento de “los gobiernos progresistas” –como en los casos de Lula, Chávez, Dilma, Maduro, Kirchner etc. – ha sido manejado sin ningún freno ni supervisión administrativa por el Secretariado.
Incluso la Directora financiera de la CSA, puesto de libre nombramiento y remoción del Secretario General, le fue dictado auto de detención por corrupción en Brasil.
Apoyados inexplicablemente por las cúpulas de la AFL-CIO de los Estados Unidos y de la CLC de Canadá, y por la utilización de recursos que provenían del erario brasileño, la CUT se ha apoderado de la conducción de la CSA y la ha colocado al servicio de su proyecto político nacional. Por su identificación ideológica marxista, junto a cálculos crematísticos y burocráticos, Víctor Báez se comporta con fervor como un peón del PT y de la CUT, y como tal se conduce en la Secretaria General de la CSA. Es una suerte de secretario para América Latina del Departamento Internacional de la CUT, Brasil.
Basta constatar los acuerdos y resoluciones del reciente Congreso extraordinario de la CUT del 28 al 31 de agosto pasado en Sao Paulo y el discurso de Víctor Báez en ese evento.
Como quid pro quo del financiamiento, la CSA ha mantenido un escandaloso y cómplice silencio ante la crisis venezolana, contra cuyo régimen se han pronunciado todos los gobiernos democráticos del Mundo, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Silencio similar que, en su afán pro castrista, los lleva a apoyar las violaciones que en Cuba se registran de los derechos humanos y de los Convenios internacionales fundamentales de la OIT.
Hoy, por ejemplo, la prioridad de cualquier organización regional de los trabajadores debería priorizar la lucha por la vigencia de los derechos fundamentales en la región, la promoción de los convenios internacionales 87 y 98 –tan vilipendiados en la mayoría de los países– y el acoso y presidio de centenas de líderes sindicales por ejercer esos derechos. Pues, no. La prioridad hoy de la CSA es la llamada “Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo” que se celebrará en Montevideo del 16 al 18 de noviembre próximo. Evento cuyo emblema en realidad debería ser “Jornadas por la impunidad de Lula y en apoyo a los regímenes totalitarios de la región”.
Por un mecanismo extraño que merece tanto del análisis político como el psicológico, las izquierdas y sus expresiones sindicales de los países industrializados promueven en los países no industrializados una agenda radical, que son incapaces de promover en sus propios países. Pareciera que cuanto más se acuerdan, más negocian, más conciertan y se adaptan a las economías de mercado en la que viven, más socialismo promueven fuera del hemisferio norte. Esta tendencia los lleva incluso al extremo de medir con doble rasero la vigencia de los derechos fundamentales, si ellos son violados por regímenes declarados comunistas como los casos Cuba y Venezuela.
Este mecanismo constituyó la base política del plan trazado por algunas centrales europeas junto a radicales de la izquierda sindical no pro-soviética de América Latina, para apoderarse de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT) desde principio de los 80, y lo cual resultó en la supremacía que actualmente practican en la CSA.
El sindicalismo de los países industrializados debería entender mejor al movimiento sindical de América Latina y apoyar quienes propugnan un sindicalismo autónomo e independiente como el que ellos ejercen y profesan en sus países. Si se aproximan sin prejuicios atávicos o académicos, podrán constatar que los sectores democráticos fueron empujados fuera del seno de la CSA por la intolerancia de los que ejercen la mayoría. El respeto a la participación de las minorías es un concepto inexistente para ellos. Se trató de la sempiterna tendencia a la división consustancial a la intolerancia del pensamiento marxista leninista.
Las organizaciones que hoy se agrupan en la Alternativa Democrática Sindical de Las Américas (ADS) fueron expulsadas de la CSA. Sólo se pedía representación proporcional y transparencia en el manejo de las finanzas, dos condiciones imposibles de cumplir por la izquierda decimonónica latinoamericana que dirige los destinos de la CSA.
El precio por permanecer dentro de la CSA era inaceptable: legitimar con la presencia de las organizaciones democráticas todas las tropelías políticas y financieras que, en conjunción con gobiernos y partidos del Foro de São Paulo, adelanta el Secretariado de la CSA.
Joel Brito es el director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, representante internacional de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.