MADRID | El Parlamento Europeo da un primer portazo al dumping laboral que afecta a algo más de dos millones de personas en toda la UE. Los conocidos como posted-workers (empleados contratados en sus países de origen que se desplazan a otro para trabajar) —no confundir con el ciudadano que emigra de forma voluntaria para buscar empleo— cobrarán el mismo salario que reciben sus homólogos en el país de acogida. Es decir, si un polaco trabaja como estibador en algún puerto francés, deberá cobrar como este último. Eso sí, sólo durante los 12 primeros meses con una prórroga de seis, según ha aprobado este martes la Eurocámara. «Europa elige que a igual trabajo en el mismo lugar, idéntico salario. Y ese es un gran logro. Los compañeros pueden volver a ser compañeros, en lugar de competidores», opina la holandesa Agnes Jongerius, europarlamentaria socialista.
«Los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la UE cobrarán igual sueldo que los empleados locales haciendo igual trabajo», estipula la institución reunida en pleno en Estrasburgo (Francia). La votación —para renovar unas normas que no se tocaban desde hace dos décadas— en pos de los derechos salariales de los ciudadanos que habitualmente emigran del Este de Europa a países más ricos ha sido contundente: 456 votos a favor, 147 en contra y 49 abstenciones. En definitiva: el trabajador desplazado tras ser contratado en su país de origen deberá beneficiarse de los mismos convenios que sus colegas del país de acogida que ejerzan las mismas labores.
Polonia es el país que más empleados envía al extranjero para trabajar en unas condiciones laborales mucho peores de las que existen en el país de acogida. Según los últimos datos de la Eurocámara, Polonia tiene a 513.972 ciudadanos trabajando en otros países de la UE, lo que representa casi el 2% de toda su fuerza laboral. La mayoría va a Francia, Bélgica y Alemania. Este último país, sin embargo, es el que más posted-workers recibe: 440.065, el 0,6% de su población activa.
«Esta votación refleja la realidad social, económica y política de la UE. Establece un rumbo claro hacia una Europa más social con una competencia más justa entre las empresas y mejores derechos para los trabajadores. Al votar a favor de este acuerdo, el Parlamento Europeo amplía los derechos de los trabajadores y también garantiza la protección necesaria con respecto a las empresas», ha dicho la europarlamentaria francesa Elisabeth Morin-Chartier (del Partido Popular Europeo). Y es que el número de desplazamientos de este tipo aumentó un 69% entre 2010 y 2016.
Todas las normas salariales del país de acogida deberán aplicarse a partir de ahora a los trabajadores desplazados. Además, los Estados miembros podrán aplicar convenios colectivos regionales o sectoriales, algo que hasta el momento sólo se hacía en el sector de la construcción, uno de los más afectados.
Los Estados miembros tendrán a partir de ahora un plazo de dos años para trasponer esta legislación a sus normas nacionales.