Un puñado de micros empresarios busca formar la primera asociación privada de Cuba y pide al Gobierno que la legalice.
AGENCIAS | La Habana – La independiente Asociación Cubana de Hombres de Negocios (ACHN) sigue luchando por su legalización, según reporta AP.
Un puñado de micros empresarios busca formar la primera asociación privada de Cuba y pide al Gobierno que la legalice.
El grupo presentó en febrero los documentos para su inscripción ante el Estado bajo la ley de asociaciones. Aunque el tiempo para la respuesta oficial venció, aún le quedan varias instancias a las que apelar.
«Queremos ayudar a los ciudadanos, a los emprendedores menos agraciados económicamente», dijo a The Associated Press Edilio Hernández, uno de los asesores de la agrupación. «Es un proyecto que me gusta y yo como abogado sé las lagunas (legales) que hay para estos sectores».
La petición podría verse impulsada pronto, según conjetura la AP. Se espera que el jueves la Asamblea Nacional del Poder Popular, el órgano legislativo, apruebe una serie de documentos que serían la hoja de ruta de nuevas reformas, entre ellas la autorización para la pequeña y mediana empresa. Aun así, el proceso para hacerla efectiva podría tardar.
En un reporte de DIARIO DE CUBA del pasado mes, la ACHN señaló que sus afiliados cuentan con asesoría legal; además, pueden acceder a capacitación en marketing, administración de empresas, contabilidad y liderazgo, y a apoyo financiero para la creación y crecimiento de negocios sostenibles.
Aunque el propio Hernández reconoció que el nombre elegido para la organización suena rimbombante (pues se trata de aquellos con modestos establecimientos e ingresos humildes), el abogado aseguró que servirá para llamar la atención sobre los nuevos emprendedores cubanos que sobreviven en un país sin cultura jurídica ni fiscal.
Pero en Cuba, donde cualquier tipo de asociación independiente del Estado puede ser mal vista y sin autorización gubernamental no se puede operar, los líderes del grupo (algunos de los cuales tuvieron actividad política opositora en el pasado) reconocieron que sus colegas microempresarios se muestran recelosos.
«Algunos se nos acercaron muy interesados, pero no quieren pertenecer hasta que estemos aprobados. Muchos realmente entienden que hace falta un faro, alguien que los ayude», señaló Hernández.
Otro de los organizadores de la agrupación, Rodolfo Mariño (quien tiene una licencia de constructor, trabajó como contratista del Estado y le gustaría montar una fábrica de mosaicos) indicó que para reclutar a sus miembros tuvieron que tocar puerta por puerta.
«Esperamos poder empujar el desarrollo del país», comentó Mariño.
El presidente del grupo, Mateo Moreno, es un vendedor de confituras a quien los inspectores en una ocasión le decomisaron mercadería.
Moreno aseguró que en estos meses unos 90 emprendedores de varias provincias se acercaron atraídos por la propuesta de asesoría, capacitación y eventualmente financiamiento.
«Al final la gente ve en la asociación una alternativa que los defienda», agregó Moreno, quien desestimó por la propia naturaleza independiente del sector que estos empresarios pequeños sean captados por los sindicatos oficiales, un programa que las autoridades comenzaron a desarrollar en los últimos años.
«Aspiramos a que nos aprueben, sino estamos en manos del Estado que nos consideraría ilegales», explicó Hernández. «Si finalmente nos autorizan será una señal de nuevos tiempos».
Afiladores de cuchillos, peluqueros, maestros de idiomas, fabricantes de caramelos o helados, carpinteros y distribuidores de muebles, cocineros que entregan platos a domicilio, productores de hielo, transportistas, albañiles, plomeros, tapiceros o vendedores de maní están autorizados por el Gobierno para trabajar por cuenta propia; mientras que ingenieros, abogados y otros egresados universitarios se quejan de que solo pueden ejercer su profesión a través de entidades estatales.
Según un reporte oficial, 2016 cerró con 535.000 licencias de cuentapropistas en las 200 categorías permitidas por las autoridades, cinco veces más que los autorizados antes de 2010. A ellos se deben sumar las miles de personas que trabajan sin estar inscriptos o pagar impuestos. Los más representados son los productores de alimentos, los transportistas y los arrendadores de habitaciones.
La inmensa mayoría de los casi cinco millones de trabajadores en Cuba siguen laborando para el Estado y los cuentapropistas cuentan con pocas protecciones legales, no tienen acceso a un mercado mayorista, ni capacidad de importar o exportar.