El grupo de expertos tomó nota de las denuncias realizadas por la ASIC, lo cual alertó a esa entidad internacional.
Madrid (DDC) – La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió al Gobierno de Cuba que dé a conocer públicamente los resultados de la investigación en torno a la explosión ocurrida en el Hotel Saratoga el 6 de mayo de 2022, y sobre la cual no ha vuelto a hacer referencia.
En su informe sobre la aplicación de las normas internacionales del trabajo correspondiente a 2024, los expertos indican que la Comisión «espera firmemente que la investigación sobre el accidente ocurrido hace más de un año finalizará muy próximamente y que esta permitirá deslindar responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes».
Asimismo, la Comisión pide que La Habana «informe al respecto. Pide también al Gobierno que estudie la posibilidad de establecer una instancia de diálogo con los trabajadores o sus representantes a fin de examinar las medidas necesarias que deban tomarse en relación con las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, incluido el sector hotelero».
El grupo de expertos indica que tomó nota de las denuncias realizadas en 2022 por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), que alertó a esa entidad internacional de que el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores fue incumplido en el suceso del Saratoga, donde murieron 32 empleados del hotel y 16 transeúntes y vecinos.
La ASIC señaló que las condiciones de seguridad de la instalación hotelera, propiedad del conglomerado empresarial de los militares cubanos GAESA, «incluido el deterioro de la infraestructura, provocaron una explosión que causó la muerte de un número significativo de trabajadores el 6 de mayo de 2022».
También la ASIC advirtió que «los responsables del hotel han evadido su responsabilidad por el accidente» y que «no se llevan a cabo consultas con los trabajadores respecto de las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo».
A ello, el Gobierno cubano respondió a la OIT que «la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo comenzó la investigación del accidente a las pocas horas de producirse» y que durante esta «se detectaron infracciones de la legislación vigente y se determinó la responsabilidad de las empresas».
Según la respuesta de La Habana, citada por la Comisión, «en el informe de investigación del accidente, la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo impartió instrucciones para que se restableciera el cumplimiento de las disposiciones legales infringidas y se exigieran las responsabilidades correspondientes», en tanto «los responsables entregaron a la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo el plan de medidas para eliminar las infracciones detectadas».
Finalmente, asegura el grupo de expertos de la OIT, «los hechos relacionados con el accidente están siendo investigados por las autoridades competentes, y lo que derive del resultado de dicha investigación policial conllevará la adopción de las decisiones procesales que correspondan».
La Comisión de Expertos pide además respuesta a La Habana por las denuncias de la ASIC acerca de la permanente violación del derecho a la libertad sindical. En especial, lamenta que el Gobierno cubano «no hubiese enviado copias de las sentencias relativas a casos específicos, que incluyen la condena de sindicalistas de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, la persecución y amenazas a delegados del Sindicato de Trabajadores de la Industria Ligera (SITIL), y la confiscación de material y ayuda humanitaria para el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos (CUTC)».
«La Comisión pide una vez más al Gobierno que envíe copia de las sentencias antes mencionadas», enfatiza el informe.
El grupo de expertos de la OIT señala que «espera que se defina y prohíba expresamente la discriminación directa e indirecta en el empleo y la ocupación», en referencia a las reformas legislativas que realiza La Habana, y que incluyen la revisión del vigente Código del Trabajo.
También pide que las autoridades cubanas, además de consultar a la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC), único sindicado legal en la Isla, sobre la fijación del salario mínimo de los trabajadores, «tome las medidas necesarias (…) para que en el futuro se dé pleno cumplimiento a la obligación de consultar exhaustivamente con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas o cuando dichas organizaciones no existan, con sus representantes».
La Comisión de Expertos está compuesta por 20 miembros, todos ellos juristas de renombre internacional, nombrados por el Consejo de Administración de la OIT por recomendación de su Mesa sobre la base de las propuestas del director general.
Documento relacionado: Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, 2024