La Habana – La ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) presentó 223 denuncias contra trabajadores privados por evasión fiscal a lo largo de todo el país en el año 2016, 136 de ellas fruto de la labor conjunta desde junio pasado con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según dio a conocer el semanario estatal Trabajadores.
Las actividades por cuenta propia que principalmente evaden impuestos, de acuerdo con datos del Gobierno, son diferentes modalidades de venta de alimentos, transportación de carga y pasajeros, así como el arrendamiento de viviendas y habitaciones.
«Antes la ONAT estaba muy sola, pero ahora existe un encadenamiento de las acciones con otros organismos, y hay más respeto», dijo Sonia Fernández Ramírez, directora jurídica de la Oficina Nacional.
«El delito de evasión fiscal en la Isla puede conllevar penalizaciones de hasta ocho años de privación de libertad. Ya hay personas a las cuales los tribunales impusieron sanciones con rangos entre dos y cinco años», añadió.
Herda Fraga Elejalde, directora de la ONAT en Arroyo Naranjo, dijo que en 2016 solo en su municipio se cobraron más de cuatro millones de pesos por deudas fiscales, la PNR localizó a 101 contribuyentes que tenían deudas y se denunciaron siete casos que están pendientes de juicio.
Para presentar el expediente por evasión fiscal, son requisitos que consten tres visitas o citaciones de la ONAT al contribuyente, el reconocimiento de la deuda por su parte y que no posea bienes embargables para realizar el cobro forzoso.
«Al fiscalizar la Declaración Jurada del año anterior, hubo una determinación de deuda cercana al 1.400.000 pesos solo en 65 contribuyentes del municipio Diez de Octubre. Es importante que a un 5% de los casos la PNR los localizó en otras provincias», apuntó Rodríguez Mendiola. «Además la gente empezó a venir sola a pagar sus deudas cuando supieron por los medios de comunicación que la Policía los podía citar», añadió.
En el municipio Plaza de la Revolución, uno de los cuatro casos llevado a juicio a finales de año fue el de una mujer de 33 años, que ejercía por cuenta propia venta de alimentos. Dejó de trabajar y de pagar sus impuestos mensuales, no formalizó su baja con la Dirección Municipal de Trabajo ni con nosotros, acumuló 17 mil pesos de deuda tributaria.
«Desde el exterior le enviaron el dinero para pagarle al fisco. La oficina municipal envió un documento a los jueces para aminorar su sanción, pero ya el proceso penal estaba en curso. Era imparable. Obtuvo una pena mínima», señaló el semanario estatal.