DDC | Camagüey – Inalkis Rodríguez Lora, asistente de redacción del proyectoperiodístico independiente La Hora de Cuba, fue citada este jueves por la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, según los agentes que la interrogaron, para que respondiera ante una acusación por «dañar el ornato público».
«Según me han dicho, hay una acusación por la Oficina del Historiador de haber pintado la fachada de la casa de Iris María Mariño», contó Rodríguez Lora a DIARIO DE CUBA.
Mariño, actriz y también miembro del equipo de La Hora de Cuba, decidió junto a su esposo, el director de teatro Mario Junquera, convertir en obra de arte unos insultantes grafitis dejados por represores en las paredes de su vivienda.
Rodríguez Lora realizó su aporte, como hizo público en su perfil de Facebook, con la frase de José Martí: «Un hombre que no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado».
«No sé quién pintó los demás grafitis, lo que sí sabemos es quién pintó los carteles ofensivos acusando a Mario, sabemos que fueron agentes del MININT», dijo Rodríguez Lora, quien además es esposa del periodista Henry Constantín y con quien tiene una hija pequeña.
En el interrogatorio «me dijeron que la Oficina del Historiador realizó la acusación porque invierte mucho en las fachadas, que se están cayendo, y yo estaría dañando el ornato público».
«Me prohíben salir de la ciudad, me prohíben salir del país. Tengo que pedir permiso y ellos decidirán si puedo salir o no», denunció.
«La conclusión que sacamos es que todo esto es por una invitación que tengo a España del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) que me ha seleccionado para participar en un evento y quieren prohibirme que viaje», consideró.
«Estoy bajo un proceso de investigación. Me negué a firmar todo y me amenazaron con dejarme detenida allí con la niña. También amenazaron al padre de Henry con hacerle un registro en la casa», concluyó.
La Seguridad del Estado tiene una vigilancia y hostigamiento constante sobre los miembros del equipo de La Hora de Cuba.
El régimen, que controla todos los medios de comunicación legales en Cuba, mantiene un blindaje contra la prensa independiente amparado por el Artículo 53 de la Constitución, el cual prohíbe la existencia de medios de comunicación privados.
El propio Código Penal incluye disposiciones que permiten juzgar el ejercicio de la libertad de prensa como delito contra la seguridad del Estado. Además, el régimen ha creado leyes, como la 88, conocida como Ley Mordaza, con apartados destinados a reprimir al periodismo independiente.
Por ese aparato legal, entre los 75 disidentes enviados a prisión en la primavera de 2003 unos 27 eran periodistas independientes.