La Habana |Jorge Enrique Rodríguez – Las medidas del Gobierno contra los trabajadores privados van a provocar «un aumento del desempleo», advirtió una arquitecta de la empresa constructora Puerto Carena tras conocer nuevas restricciones impuestas a artesanos que comercian en el Casco Histórico de La Habana Vieja.
«Creo que la conservación y restauración de monumentos y edificaciones del Casco Histórico no deberían ir en detrimento de los ciudadanos ni de los trabajadores privados, que a fin de cuentas también son una ‘atracción’ para el turismo en esta zona», opinó la arquitecta.
Las prohibiciones, esta vez impuestas por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), siguen a las medidas contra los transportistas privados y al reciente traslado, a un espacio con menor visibilidad, de los vendedores de libros antiguos que durante cerca de dos décadas estuvieron en la Plaza de Armas.
Los afectados esta vez son artesanos que colocaron sus puestos de venta en las escaleras de varios edificios de La Habana Vieja, tras llegar a acuerdos con los habitantes de esos inmuebles, a quienes pagaban.
«La prohibición tiene respaldo legal: no se puede comerciar en lugares públicos ni utilizar las áreas comunes de los edificios», explicó Alain Ramos, funcionario de la dirección municipal de Planificación Física en el territorio.
Sin embargo, esos límites solo parecen funcionar para los cuentapropistas porque los restaurantes que pertenecen a cadenas estatales, por ejemplo, tienen mesas ubicadas en las diferentes plazas del Casco Histórico.
Aunque el número de artesanos afectados por las disposiciones de la ONAT no ha podido ser determinado, la cifra podría rondar el medio centenar.
A riesgo de ser castigados con multas de 1.500 pesos o incluso con el retiro de sus licencias, algunos de estos artesanos han decidido permanecer en las escaleras. «No podemos esperar a que se nos habilite el lugar donde nos reubicarán, eso es equivalente a quedarnos temporalmente sin sustento», declaró Viviana.
Fuentes de Puerto Carena confirmaron que el Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja —subordinado a la Oficina del Historiador y encargado de determinar qué locales están disponibles dentro del Casco Histórico— destinó para reubicar a estos artesanos el parqueo de la tienda El Quitrín, en Obispo y San Ignacio.
«Los administradores de El Quitrín decidieron que la remodelación necesaria sea ejecutada por una cooperativa totalmente privada y no por los contratistas que se subordinan a Puerto Carena, porque alegan que estos últimos tardan más en concluir una obra», indicaron las fuentes.
«De un modo u otro —añadieron— la habilitación y acondicionamiento del parqueo llevaría no menos de dos meses, en dependencia de cuánto tarde la firma del contrato, el permiso de Planificación Física y la aprobación de los arquitectos, además de la disponibilidad de materiales».
Las prohibiciones no solo afectan a los artesanos —quienes verían bajar sus ventas durante el tiempo que tarde la habilitación de un espacio— sino también a los residentes en inmuebles en los que ocupaban espacios.
«La ONAT ‘se limpió’ con el Consejo de Vecinos. No reconocieron nuestra decisión ni el beneficio que puede representar la relación entre los cuentapropistas y el pueblo», declaró Armando, presidente de un CDR ubicado en uno de los edificios que arrendaba la escalera a los artesanos.
«Nadie discute que tanto las escaleras como las azoteas de los edificios son áreas comunes y que están sujetas a las reglamentaciones urbanísticas y de vivienda. Pero si todo un Consejo de Vecinos está de acuerdo en darle utilidad a estos espacios, sin que ello implique modificación alguna en los inmuebles, creemos que ello debió ser tenido en consideración».
Elaine, otra de las artesanas afectadas, opinó que «todas estas ofensivas del Gobierno van más allá de perjudicar al sector privado».
«Incluso van en contra del pueblo mismo que tampoco se puede beneficiar con acuerdos directos con los trabajadores por cuenta propia. Como ciudadanos, los cubanos no tenemos poder de decisión fuera de la puerta de nuestras casas».
Ante el anuncio sobre las nuevas disposiciones de la ONAT, varios artesanos tuvieron tiempo para arrendar espacios en casas particulares que no están sujetos a los reglamentos de «área común».
«Pero ya no hay muchas casas disponibles y con esas condiciones en el Casco Histórico», señaló Javier, vendedor de bisutería y tallas de madera.
«Todas están arrendadas desde hace años por diferentes negocios, no solo por artesanos. Las que quedan están en muy mal estado y habría que invertir en reparaciones mucho dinero, que los propietarios no tienen».
«También tendrías que tener en cuenta si estas casas están ubicadas donde exista el tránsito de turistas», agregó Miriam.
«Y si asumes invertir de tu capital para reparar una de estas casas, también estarías en riesgo de que mañana, si el Gobierno quiere, se invente otra regulación».