La desaparición de equipos de bombeo pone en riesgo proyectos de agua potable y agravando la crisis en comunidades rurales.
La Habana (Sindical Press) – En la provincia oriental de Las Tunas el acceso directo a fuentes de agua potable continúa siendo un asunto complejo y difícilmente mejorable en los plazos fijados por los directivos de 19 Empresas de Acueducto y Alcantarillado involucradas en la instalación de sistemas de bombeos con paneles solares en varias regiones del país.
Uno de los principales obstáculos radica en la desaparición de parte de la infraestructura, no por arte de magia, sino por la acción de ladrones con habilidades suficientes para evitar ser detectados. Según el diario Granma, no se han reportado arrestos relacionados con estos hechos, a pesar de que desde mayo, cuando comenzaron los montajes, los robos no han cesado.
Oscar Carralero Suárez, director de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado, lamentó que, debido a estas anomalías y a la falta de presupuesto para contratar personal que proteja las instalaciones, es poco probable que las estaciones alcancen su plena operatividad.
En consecuencia, muchas comunidades siguen sufriendo intermitencias en el suministro del vital líquido. En las zonas más apartadas, las familias no tienen más opción que trasladarse a fuentes naturales de agua utilizando carretillas o chivichanas, como han hecho durante décadas.
Hasta la fecha, se han registrado ocho robos, confirmando una tendencia que podría reducir aún más el número de beneficiarios potenciales, calculado en 48.716 personas. Este panorama no es más que una faceta de un caos generalizado, donde la lucha por la supervivencia prima sobre cualquier consideración hacia personas tan o más vulnerables que los protagonistas del desfalco. En el peor de los casos, los robos con violencia dejan traumas irreparables y, en ocasiones, víctimas fatales.
Un reporte del Periódico 26 en septiembre informó sobre 48 robos en bodegas de la provincia, además de recordar los 97 ocurridos durante 2023. En ediciones anteriores, este medio ha señalado el aumento exponencial de delitos como robos en viviendas, hurto y sacrificio de ganado mayor, e incluso asaltos a mano armada. Las Tunas se perfila como una de las provincias más conflictivas y menos seguras del país, aunque es difícil asegurarlo en un contexto de delincuencia cada vez más audaz y peligrosa que afecta a toda la nación.
Aunque se desconozco el valor exacto de los accesorios de los paneles fotovoltaicos en el mercado negro, la persistencia en su desmantelamiento sugiere que se comercializan rápidamente. Esta situación pone en riesgo los planes de transformar la matriz energética de las 144 estaciones de bombeo, cuyo objetivo es mejorar el abasto de agua potable.
A pesar de los diagnósticos y las propuestas, no parece haber forma de erradicar la tendencia a apropiarse de lo ajeno. Los robos a gran escala son una consecuencia directa de un modelo caracterizado por el control estatal excesivo, el burocratismo, la ineficiencia crónica y un largo etcétera.
Estas condiciones, exacerbadas por la escasez, la inflación y salarios diarios que no superan el dólar, generan escenarios desoladores. En Las Tunas, decenas de campesinos enfrentan restricciones en el acceso al agua potable, con pocas esperanzas de una normalización siquiera modesta.
Es probable que los ladrones actúen impulsados por sus propias carencias, desestimando las consecuencias de sus actos. En un contexto dominado por el “sálvese quien pueda”, sus acciones buscan mitigar necesidades básicas, tanto propias como familiares, en medio de un sistema que parece incapaz de ofrecer soluciones sostenibles.