LA HABANA, Cuba | Cuba Sindical Press – El mal desenvolvimiento de la agricultura se ha añadido a las numerosas imperfecciones que ha experimentado la economía cubana durante más de medio siglo de poder castrista.
Ninguna de las formas productivas que signaron las tres primeras décadas de gobierno revolucionario –las granjas estatales, los productores individuales, las cooperativas de producción agropecuaria (CPA) y las cooperativas de Créditos y servicio (CCS)– fueron capaces de garantizar la alimentación de la población y así evitar los altos niveles de importación que el país debió acometer.
En 1993, en pleno período especial, los gobernantes de la isla imaginaron que habían hallado la fórmula para revertir la calamitosa situación de la agricultura: convertir en cooperativas gran parte de las improductivas y casi abandonadas tierras estatales. Surgían de esa manera las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).
Desde un inicio quedó establecido que un elemento esencial para el buen trabajo de las UBPC era que gozaran de autonomía de gestión. Una autonomía que debía de permitirles organizar la producción, seleccionar la fuerza de trabajo (sus socios) y contratar trabajadores eventuales, concertar créditos bancarios, y aprobar la forma y cuantía en que se repartirían las utilidades entre los asociados.
Pasó el tiempo, y diecinueve años después de su surgimiento los resultados de las UBPC dejaban mucho que desear. Varias de ellas habían desaparecido debido a la irrentabilidad que exhibían, otras sufrían de un éxodo de sus asociados, mientras que la ansiada autonomía era casi una quimera.
En tales circunstancias, y dispuesto a jugarse todas las cartas en pos del éxito del experimento, el Gobierno puso en práctica un nuevo Reglamento General de las UBPC, el cual contenía 17 medidas que tendían a aumentar la eficiencia productiva de esas entidades.
Entre otras, las medidas establecían que las UBPC podrían comercializar libremente las producciones no contratadas con el Estado, así como también sus excedentes productivos; fue diseñado un programa emergente de capacitación dirigido a los directivos y las Juntas de Administración de estas cooperativas; se determinó que las UBPC fueran exoneradas del pago del impuesto sobre utilidades por un período de cinco años; y además les fueron condonadas sus deudas con el fisco, que ya ascendían a varios millones de pesos.
Con independencia del amor propio que sintiesen las autoridades castristas ante un proyecto que les pertenecía por entero, el empeño por revitalizar las UBPC obedecía al peso que ya tenían en la utilización de las tierras del país. Según el “Panorama Uso de la Tierra en Cuba 2014”, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), las UBPC poseían el 30,8% de las tierras cultivadas en la isla, por encima del 22,4% de los usufructuarios de tierras ociosas, del 18,6% de las entidades estatales, del 17,6% de los propietarios privados, del 10,1% de las CPA, y del 0,5% de las CCS.
Mas, las estadísticas se encargarían de decir la última palabra. De acuerdo con cifras publicadas recientemente por la ONEI en el acápite “Sector Agropecuario. Indicadores Seleccionados”, al cierre del período enero-junio de 2016 las UBPC decrecían en las producciones de 11 de los 12 indicadores seleccionados con respecto a igual período de 2015.
Las malas noticias para los jerarcas de la agricultura no se limitaron al primer semestre de 2016. Al cierre de ese año se informaba que habían sido disueltas por ineficientes 82 UBPC, y que en total había 415 UBPC menos que en el 2012.
A la hora de encontrar las causas del fracaso de las UBPC habría que considerar lo difícil que les resulta adquirir sus insumos, el hecho de que se hayan formado por una orientación gubernamental y no por iniciativa de sus asociados, así como la poca autonomía con que cuentan –considerando que el plan de la economía nacional se desagrega hasta el nivel de una UBPC, y por lo tanto el Estado podría decidir qué produce cada una de ellas y en qué cuantía, lo que deben destinar para vender a las entidades comercializadoras del gobierno, y a los precios que fijen estas últimas.
Al parecer, los sesudos de la actualización del modelo económico no acaban de comprender que una cooperativa no es una empresa estatal.