En las últimas semanas tanto vendedores legales como furtivos han sido sometidos por igual a redadas, detenciones, allanamientos, confiscación de artículos, multas, y acusaciones.
Idolidia Darias (www.martinoticias.com) – Cuentapropistas, propietarios de restaurantes y de puntos de venta de alimentos, y vendedores esporádicos, son víctimas del rigor de los inspectores del gobierno cubano, que multan, confiscan mercancías y acusan de enriquecimiento ilícito a los pequeños emprendedores y a los ciudadanos, tengan o no licencia para vender alimentos y articulos de alta demanda popular.
Los incidentes más recientes ocurrieron el 20 y 21 de noviembre en la ciudad de Sancti Spiritus, en el centro de Cuba, donde una veintena de personas fueron arrestadas y los artículos a la venta, confiscados por vender sin licencias de la la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).informó a Martí Noticias Adriano Castañeda, activista de derechos humanos residente en esa ciudad.
“Los vendedores están cansados de pedir licencia al gobierno para vender sus cosas y no se la dan, por eso es que apelan al “mercado negro” para ganarse la vida», precisó.
La policía uniformada y el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) comenzó el lunes un operativo en el bulevar de esa ciudad. “Primero multaron a los pregoneros, que son los encargados de decirles a las personas interesadas en comprar hacia qué lugar deben dirigirse, y el martes arrestaron a los vendedores que tienen sus productos en casas cercanas al bulevar” aseguró Castañeda.
Les confiscaron ropas, zapatos, teléfonos celulares y accesorios tecnológicos que tienen gran acogida entre la población y se los llevaron detenidos para la unidad de la policía.
«Es cierto que las ventas de ese tipo están prohibidas por el gobierno y que no les dan licencias para vender, ni les explican por qué; sin embargo, la gente sigue tratando de trabajar y abrirse camino», dijo Castañeda.
«Compran los artículos en Rusia, Ecuador, Panamá y Haití y la población prefiere comprárselos a ellos porque tienen más calidad que los que ofertan las tiendas permitidas por el gobierno», precisó el periodista independiente Yosmany Mayeta en el programa Cuba al Día.
El reportero señaló que las redadas en todo el país comenzaron con fuerza en julio de este año y siguen hasta ahora. Puso el ejemplo de las ocurridas en las últimas semanas en la calle Monte de La Habana, donde las multas exceden los 1500 pesos, y las pérdidas por decomisos son inmensas.
No solo los ‘vendedores sin licencia» sufren acoso
Contra los vendedores de alimentos y dueños de restaurantes que tienen permiso del gobierno y pagan sus impuestos también se han desatado redadas y confiscaciones en las últimas semanas dijeron varios entrevistados por Marti Noticias.
En el programa «Contacto Cuba» de Radio Martí un matrimonio de opositores al gobierno denunció el acoso al que fueron sometidos por las autoridades el pasado 4 de noviembre.
A Daineris Gómez y Yuvisley Roque quienes tienen licencia para la venta de productos agrícolas en la calle, les decomisaron todos los productos agrícolas, por valor de 28 mil pesos.
Las autoridades procedieron con el argumento de que las mercancías del camión que los proveía de alimentos eran ilegales, una situación que no estaba al alcance de los cuentapropistas determinar, porque quienes se encargan de chequear lo que entra a la provincia son los inspectores y la policía, no ellos.
En el caso del matrimonio, además de ocuparles los productos del agro, se llevaron hasta los machetes y cuchillos que usan en su trabajo y los sometieron a un registro minucioso, hasta «debajo de las camas y dentro del refrigerador», detalló la mujer.
Luego de 72 horas del allanamiento se presentaron a hacer una reclamación en la Policía y lo que recibieron fueron ofensas y maltratos.
Meses atrás el matrimonio había pasado por una situación similar en la que también le confiscaron sus productos y sufrieron la pérdida de una considerable suma.
Los abusos y arbitrariedades se extienden por el territorio nacional y al parecer no hay forma de ponerles freno.
Otro ejemplo es el caso expuesto por el periodista independiente Jorge Bello sobre lo ocurrido a un ciudadano de Güira de Melena, provincia Artemisa, a finales de octubre.
Saimy Frómeta Borges cuentapropista, «elaborador-vendedor de alimentos de forma ambulatoria”, tenía toda la documentación que lo acredita como tal expedida por el Ministerio de Trabajo y los recibos de los pagos efectuados a la ONAT.
Por más de dos años había realizado ese trabajo pero nada impidió que a finales de octubre lo arrestaran. Fue acusado por “actividad económica ilícita”, y consiguió ser liberado bajo una fianza de mil pesos cubanos (CUP).
Le decomisaron herramientas de trabajo y le destruyeron otras, incluyendo el horno que utilizaba para elaborar los alimentos. Se quedó sin ningún medio para ganarse la vida y poder mantener a la familia, y ahora se prepara para un proceso penal por el que lo pueden sancionar con pena de hasta dos años de privación de libertad.
La situación legal del hombre es catalogada en Cuba como limbo jurídico, pues con el paso de los días no ha recibido ninguna notificación de la fiscalía para esclarecer el caso, y tampoco le ha sido devuelto el efectivo depositado en fianza.
Bello asegura que en la isla hay una gran cantidad de personas que se encuentran en esta misma situación de indefensión. ¿Qué hacer? ¿A quién dirigirse? Las respuestas son muy sencillas: nada pueden hacer y no van a encontrar a alguien que los oiga, concluyó el reportero.