53 años desde la Ofensiva Revolucionaria vuelven los cubanos a tener permiso —que es diferente al derecho— para constituir empresas.
La Habana (Rafaela Cruz / DDC) – Lo primero es no confundirse, MIPYMES o no, en Cuba no hay propiedad privada, pues cuando el Gobierno quiera, legisla y se apodera de lo que sea. No obstante, 53 añitos después de que con la Ofensiva Revolucionaria el Consolidado del Calzado se apropiara de los cajones de limpiabotas, y los carritos de fritas pasaran a ser un importante activo del Estado, vuelven los cubanos a tener permiso —que es diferente a tener derecho— para constituir empresas.
Al fin ha sido publicada la Ley de MIPYMES que, en términos generales, puede homologarse a sus similares foráneas —más allá de la obsoleta clasificación por cantidad de empleados—, aunque tiene ambigüedades y limitaciones que la hacen especial, y no en el buen sentido, sino «especial» como la crisis de los 90.
Por ejemplo, siendo la escasez de capital el segundo obstáculo para desarrollar las empresas nacionales —el primero es el castrismo, que a su vez causa el segundo y todos los demás—, toda novedad económica tendente a suavizar el control estatal sobre la economía y dar espacio a la creatividad privada está incompleta si no facilita acceso a recursos reales.
Aunque el Decreto-Ley 46 en su Artículo 5.6 reconoce que las MIPYMES tienen derecho a «acceder a cualquier fuente lícita de financiamiento», no existe fuente lícita de financiamiento en un país sin ahorro privado debido a salarios inferiores al umbral de supervivencia, una reforma monetaria que hace ocho meses licuó los pocos capitales monetarios acumulados y una inflación desconocida, pero in crescendo.
Para colmo, con el déficit actual en las cuentas estatales y la incapacidad del Gobierno —que monopoliza el sector financiero— para acceder a préstamos internacionales —por mala paga—, este solo podría ofrecer financiación imprimiendo más de esos pesos que cada vez sirven para menos… Mejor recemos para que no lo haga.
Hoy en Cuba todo ahorro no es solo imposible —no confundir ahorro-inversión con uso racional de recursos— sino económicamente absurdo. Lo urgente sería importar ahorros; sin embargo, la ley lo entorpece cuando el Artículo 48 —por mezquinas razones políticas— circunscribe la posibilidad de ser socio de una MIPYME a «residentes permanentes» en la Isla, lo que impide que la parte más capitalizada de la nación, sus emigrados, puedan participar de esta «apertura». Lo cual no es solo «un tiro en el pie» al desarrollo del país, sino una violación de los derechos de esos cubanos.
En el mismo sentido y por las mismas mezquinas razones políticas, el Artículo 6a permite a las MIPYMES exportar e importar «de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente»; lo que les imposibilita salir directamente al mercado internacional, teniendo que hacerlo mediante empresas estatales, con un coste extra en recursos, tiempo, eficiencia y sobre todo, en relaciones personales transnacionales.
Por suerte y a espera de especificaciones, parece que aquella amenaza del primer ministro Marrero advirtiendo que las MIPYMES «inicialmente no incursionarán en algunas actividades profesionales, incluyendo las que sí pueden realizar trabajadores por cuenta propia» queda relegada, y sí podrán participar en más o menos todo lo que pueden hacer los cuentapropistas.
De hecho, tanto de la Ley como de lo explicado en la Mesa Redonda del pasado 11 de agosto, se deduce que el Ministerio de Economía, órgano que centralizará la tramitación y aprobación de MIPYMES —con el costo burocrático que ello implica— priorizará, sobre la creación de nuevas empresas, la reconversión de los actuales cuentapropistas que superen los tres empleados —límite superior designado para el cuentapropismo— con lo que inicialmente la incidencia de las MIPYMES en la economía será más nominal que real.
Dos limitaciones importantes son la prohibición de poder ser socio simultáneamente en más de una MIPYME, y la no aprobación de las Sociedades Anónimas, persona jurídica a la que las empresas pequeñas recuren en momentos de expansión, para captar capital. ¿Por qué el Gobierno impone estas limitaciones? No podemos más que volver a decir; por mezquinas razones políticas.
Alarmante es la inclusión del sector estatal dentro de las MIPYMES en teórica igualdad con el sector privado. Despierta mucha suspicacia esta «igualdad de trato» a dos actores —público y privado— que la Constitución diferencia explícitamente. Las empresas públicas son el equivalente económico de lo que es el PCC en la política, principal guía al que todo lo demás se supedita. Esta igualdad de trato a actores tan desiguales, es un atentado contra el florecimiento de la sociedad civil, algo que el Gobierno teme, por mezquinas razones políticas.
En todo caso, sería desacertado no reconocer que el Decreto-Ley 46 es un quiebre en un sistema que odia ceder espacio a la sociedad, y que, aunque por la misma naturaleza totalitaria se esperó a publicarla cuando la crisis y la falta de capital es máxima, se abren posibilidades de mejoras para algunos cubanos. Aunque eso sí, mucho menos de los que se habrían beneficiado con una ley menos restrictiva. Pero ya sabemos que antes que el bienestar del pueblo, se imponen las mezquinas razones políticas del Gobierno cubano.