Las medidas económicas englobadas en la «tarea ordenamiento» traerán el hundimiento masivo en la miseria, consideran firmantes de la carta
La Habana, Cuba | 14ymedio – Un grupo de campesinos independientes cubanos ha emplazado al Gobierno a «rectificar el rumbo antes de que sea demasiado tarde» y a liberar las fuerzas productivas de la nación como único camino para salir de la actual crisis, según explican en una carta dirigida esta semana a las autoridades de la Isla.
Las medidas económicas englobadas en la llamada «tarea ordenamiento» traerán «el hundimiento masivo en la miseria de decenas de miles de pensionados y otros sectores vulnerables», opinan los firmantes de la misiva, Esteban Ajete por la Liga de Campesinos Independientes y Lisandra Orraca, miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).
«En ese contexto es una irresponsable bajeza asesinar la reputación de los campesinos y cuentapropistas presentándonos como unos egoístas cuando nos veamos obligados a subir los precios por la inflación que ha desatado el propio Estado», lamentan los activistas en alusión a los ataques de la prensa oficial contra el sector privado por la subida de las tarifas de sus servicios y productos.
«Los que tienen que bajar los precios de sus tiendas en dólares son los funcionarios que imponen precios de 200, 300 y 400% por encima de su costo de importación», detalla la carta, una situación a la que se le suma el recién anunciado aumento de la factura eléctrica a partir de enero próximo. «¿Quiénes son los verdaderos parásitos aquí?», cuestionan los signatarios del texto.
Ajete y Orraca llaman a las autoridades a «detener su insensata guerra económica contra los productores agrícolas y emprendedores privados», porque la solución a la actual crisis económica que atraviesa la Isla «no es calumniar, acosar y reprimir a los que crean productos, servicios y puestos de trabajo sino liberar las fuerzas productivas de una vez».
«El Estado no puede seguir siendo un parásito de las remesas de nuestros familiares y explotador monopolista de los cubanos. Se ha llegado al límite». Como única vía racional para «contener la hambruna, evitar la expansión de la pobreza y fomentar de manera rápida empleo a gran escala», los campesinos señalan la libertad económica.
Una libertad que definen como la posibilidad de «registrar la propiedad legal de nuestras tierras y negocios, así como para producir, fijar precios, comercializar, exportar, importar y atraer inversiones, sin intermediarios estatales y sin fijar límites a las áreas económicas de nuestra gestión ni al crecimiento de nuestros emprendimientos».
Entre las causas del atolladero en que se encuentra el país, los redactores de la carta ven como factor principal a la prolongación del actual «modelo estatista fracasado» y opinan que con una apertura los agricultores y emprendedores cubanos tendrían la capacidad de «contener y revertir la hambruna y pobreza que ya se extienden por toda Cuba».
«Dejen a un lado la arrogancia y abuso de poder. Las opciones son claras: o se abre espacio a la prosperidad general o el propio Gobierno empujará con la represión y el hambre a una situación explosiva irreversible». Como cierre del documento, los activistas echan mano de una frase en tono popular y categórico: «Los guajiros hablamos claro».
La Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales también remitieron en agosto pasado una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. «Se nos avecina una hambruna que puede ser evitada», escribieron en aquel texto en el que pedían una intervención urgente para evitar el hambre en la Isla.
«La causa no es externa ni tampoco relacionada con un desastre natural. La hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del feroz bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por el Gobierno nacional», dijeron los firmantes, quienes unos meses antes lanzaron la campaña Sin campo no hay país para pedir a las autoridades la eliminación de impuestos a la actividad agrícola y exigir el derecho a títulos de propiedad permanentes.