La ley de comunicación prevé que el usuario dé cuentas por el contenido que genera, selecciona, modifica, interactúa y publica.
Los diputados aprobarán este jueves previsiblemente la Ley de Comunicación Social, una norma que ha tenido hasta 34 versiones y que en la última y definitiva penaliza ya formalmente la mera interacción de los usuarios en las redes sociales. Más allá de la criminalización –aún mayor– a la que se exponen los periodistas y la prensa independientes, cualquier usuario de internet se sentirá más inseguro cuando la norma entre en vigor.
Es su capítulo IV, que aborda la Comunicación social en el ciberespacio, el que ha sufrido una importante modificación desde las primeras versiones de la ley, publicadas en julio de 2022. En este apartado, el artículo 51 prevé que las personas a quienes atañe la ley (todas, como especifica el artículo 2) deben «responder por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican».
En la práctica, bastará hacer un comentario o reaccionar a favorablemente a una publicación que se considere que tiene el «objetivo de subvertir el orden constitucional» o «instigar el terrorismo y la ciberguerra» para contravenir la ley, aunque se desconoce cuál será la penalización. El régimen sancionador está aún por desarrollar en un reglamento, pero el documento adelanta que se aplicará la vía «administrativa o la judicial», según corresponda.
En la práctica, bastará hacer un comentario o reaccionar a favorablemente a una publicación que se considere que tiene el «objetivo de subvertir el orden constitucional»
Hasta la fecha, han trascendido varios casos de personas que han sido investigadas o llamadas a responder e, incluso, contra quienes se han tomado medidas disciplinarias en el ámbito académico o laboral por sus interacciones en redes sociales, pero no había una norma específica que las tipificara como delito o falta.
El artículo 51 contiene un apartado no menos inquietante, al conminar a «implementar, e informar a los usuarios, los procedimientos de autorregulación que eviten publicaciones violatorias de lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás disposiciones normativas sobre este particular», de lo que se desprende que además se indicará a los ciudadanos qué pueden y no compartir, aplaudir o lamentar en sus redes sociales.
Este miércoles, en el debate previo a la aprobación de la norma, los diputados reflexionaron sobre la trascendencia de tener una Ley de comunicación que vaya más allá de los tradicionales medios y profesionales implicados en el proceso informativo.
La diputada Rosa Miriam Elizalde dijo que «está ocurriendo un cambio antropológico dado por el surgimiento de nuevas comunidades, con nuevos lenguajes», por lo que es preciso una regulación que «para muchos, incluso es una ley de seguridad nacional, porque estamos hablando de una legislación nacional que tiene que lidiar con una infraestructura transnacional».
En la intervención de la diputada se adivinaba la intención de intervenir en un ciberespacio que se escapa a la legislación nacional. «Cuando usted accede a Facebook», puntualizaba Elizalde, «acepta todo porque lo que quiere es comunicarse con su tío, con su primo. Acepta una normativa que no es nacional, que es además no solo transnacional, internacional, sino que además los servidores están físicamente en alguna parte».
En sus palabras se intuía que el nuevo texto legal tenía intención de regular al usuario ya que no puede intervenir en la red.
La mayoría de los países se están viendo obligados a adaptar sus normas a lo que ocurre en redes sociales, penalizando conductas delictivas por atentar contra algunos derechos fundamentales. En el caso cubano, sin embargo, se amenaza con calificar como delito el hecho de compartir una noticia que puede ser absolutamente cierta pero el régimen considere que atenta contra su estabilidad.
Están expresamente prohibidas «las críticas a altos funcionarios, difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país»
Esto penalizará previsiblemente la difusión de protestas, una actividad que ya ha sido señalada por la prensa oficial y los propios tribunales como reprobable por intentar «desestabilizar el orden social». También podría considerarse potencialmente dañino compartir o interactuar con la publicación de fotografías o mensajes que revelen carencias del Estado (que el régimen considera que intentan denigrar a la Revolución), como ha ocurrido con hospitales, escuelas y otras instalaciones en malas condiciones.
También, en el mismo sentido, están expresamente prohibidas «las críticas a altos funcionarios, difamar, calumniar o injuriar a las personas, órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales del país».
Las autoridades también han perdido el control de la información considerada de «crónica roja». Los asesinatos, robos con violencia, feminicidios… están más que nunca al alcance de la población gracias a la difusión que han logrado mediante las redes sociales, una realidad que ha dado al traste con la imagen de país modélico en la paz social que existía cuando la Policía contenía las estadísticas de criminalidad. Este tipo de contenido también podría estar entre los que el régimen considera contrarios a los intereses del Estado.
El proyecto de ley también prohíbe otras actitudes penalizadas a nivel internacional, como el acoso, la humillación, el racismo, la homofobia o la promoción discursos de odio, aunque esto está sobre el papel y habrá que ver si su aplicación resulta, una vez más, arbitraria y motivada por cuestiones ideológicas.
«Esta es la única manera de reducir la profunda asimetría que tienen los Estados nacionales frente al poder económico brutal de estas grandes plataformas, en su mayoría norteamericanas», dijo la diputada.