La Habana (Sindical Press) – La incapacidad del régimen cubano para incluir en el ámbito laboral a personas con diferentes tipos de discapacidades es multifactorial y afecta lo mismo a las aquejadas por limitaciones físico-motoras que a quienes las padecen en el plano mental, intelectual o sensorial, ya que todas comparten un denominador común: la vulnerabilidad y los niveles de inaccesibilidad a un empleo formal.
Según las autoridades de la continuidad castrista, las causas que motivan el pobre desempeño del gobierno en la inclusión de personas con discapacidad en centros de trabajos estatales son el bloqueo, la crisis financiera y el estancamiento de la Empresa Estatal Socialista en el país, razones que no contemplan la existencia de otras barreras u obstáculos como los prejuicios, los sesgos inconscientes, y otras asociadas a la discriminación por diversas premisas sociales y extra laborales que se miden en Cuba para aprobar una solicitud de trabajo.
A estas barreras morales y subjetivas para la inclusión de personas discapacitadas en el ámbito laboral, habría que añadirles, además, la falta de estructuras arquitectónicas que faciliten su acceso al transporte, los servicios sanitarios, algunas oficinas y otras dependencias del centro a las que un trabajador tiene la necesidad de acceder para el desempeño de sus funciones y, sin embargo, hoy no son más que barreras infranqueables.
Esta serie de limitaciones, sumadas a la carencia total de implementos como sillas de ruedas, papel especial y máquinas para escribir en el sistema Braille, así como bastones, audífonos, espejuelos y otros útiles que faciliten la movilidad, visión y audición de las personas con determinadas discapacidades, son obstáculos en su mayoría insuperables que obligan a trabajar en las calles a este tipo de personas requeridas de una atención especial.
En el desempeño de un trabajo por cuenta propia en la calle, sin embargo, no sólo encuentran las mismas o más peligrosas barreras arquitectónicas para transitar por la vía pública y acceder a espacios recreativos o culturales, agencias bancarias, centros comerciales y otros establecimientos de servicios estatales y privados, sino también deben enfrentar el acoso de los inspectores y la represión de la policía nacional “revolucionaria”.
De ahí que resulte deprimente e insultante ver cómo miles de personas con discapacidad deambulan por las calles vendiendo baratijas y chucherías, o ubicados en las esquinas, portales, parques y otros sitios, en espera de que los expulsen de cada uno de esos lugares, pues tienen prohibido detenerse para comercializar sus productos y están obligados a andar sin posarse, como zunzunes, por todas las ciudades y campos del país.
Pero, más allá de este panorama desolador, la indescifrable madeja burocrática que “regula” la categorización de la discapacidad para determinar qué están autorizadas a vender o no, provoca no en pocas ocasiones que estas personas sean detenidas, arrojadas a la fuerza sobre un camión de la policía y conducidos a la estación donde se les multa o decomisa la mercancía por “violar” cualquier aspecto leguleyo que autorice su labor.
Además, la falta de voluntad política, la indolencia de los líderes y funcionarios, así como la corrupción a todos los niveles del supuesto Estado protector, juegan un papel primordial en la desatención, los maltratos, el abandono y la no inclusión en el ámbito laboral cubano de miles de discapacitados del país, ya que con un porciento mínimo de lo que invierten en construir cadenas de hoteles para el turismo internacional, podrían acondicionar espacios dignos para vender, construir facilidades y pagarles un salario que les permita sobrevivir.
Obligados a vender dentro de tugurios “acondicionados” en establecimientos estatales cerrados y abandonados por el peligro que representan para la salud o la vida de los trabajadores o la población, así como en viviendas o edificios desalojados por derrumbes parciales o totales sin redes hidráulicas y sin conexión a la electricidad –que todos los interesados deben reponer con recursos propios–, los discapacitados pasan las de Caín para sobrevivir.
También pueden optar por talleres de manualidades –en similares condiciones constructivas–, organizados por la Asociación de Ciegos, la Asociación de Sordos y la Asociación de Limitados Físico-Motores de Cuba. Estos talleres buscan que los miles de afiliados a cada organización se integren a la sociedad, aunque no se les garantice un empleo estatal.
Con “personalidad jurídica” en Cuba, estas llamadas organizaciones no gubernamentales son dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, creadas como una alternativa para la inclusión laboral. Aunque ofrecen algunos salarios simbólicos y ocasionalmente entregan a sus miembros medios de locomoción, audición o visión generalmente donados al país, en realidad no resuelven la situación de fondo.
Sin embargo, estas asociaciones “humanitarias”, al igual que que las leyes y regulaciones que presuntamente benefician a las personas con discapacidad, son sólo un mecanismo de control estatal sobre cada grupo de ciudadanos que las autoridades permiten organizar en el país –siempre bajo su manto, más que protector, represor– en su eterna cruzada contra los derechos, convertidos en ilegalidades por la intolerancia oficial.
Todo es parte de un juego de espejos políticos, donde la propaganda sobre el “humanismo” y la supuesta generosidad de la revolución hacia las personas con discapacidad se presenta como un acto de compromiso y verdad. Sin embargo, la realidad es que las desatienden y marginan, aprovechándose de su vulnerabilidad para recaudar ayuda externa y proyectar ante la opinión pública internacional la falsa nobleza del proyecto social de un Estado fallido.
Por eso puedo asegurar que la falta de voluntad política y la crisis económica que atraviesa el país son las principales barreras u obstáculos que dificultan o impiden la inclusión de las personas con discapacidad al ámbito laboral. Si las malas condiciones, los bajos salarios y la falta de pagos han generado un éxodo masivo de los trabajadores del sector estatal hacia el privado y el exilio: ¿qué pueden esperar los discapacitados del país?
Documento relacionado: C-159 sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas)