United Auto Workers anunció en noviembre que intentaría organizar las fábricas no sindicadas de los fabricantes de automóviles del sur.
Michelle Baruchman (AJC) – Los nuevos sindicatos tendrán más dificultades para organizarse en Georgia gracias a una ley que obtuvo su aprobación definitiva el miércoles en la Cámara de Representantes del estado.
Los legisladores votaron 96-78 a favor de la aprobación del proyecto de ley 362 del Senado, que impediría a las empresas que reconozcan voluntariamente a los sindicatos acceder a créditos fiscales para megaproyectos, como nuevas plantas de automóviles.
La legislación impediría que las empresas reciban incentivos económicos estatales si reconocieran voluntariamente a los sindicatos mediante un control de las tarjetas sindicales firmadas en lugar de mediante una elección por voto secreto. También se sancionaría a las empresas que compartieran con los sindicatos los datos de contacto de sus trabajadores, a pesar de que la ley federal lo exige.
El proyecto de ley pasa ahora a manos del gobernador Brian Kemp, que le ha dado prioridad.
El representante republicano Will Wade, líder del grupo Kemp, dijo que al vincular los incentivos económicos a un requisito de voto secreto para la organización sindical, el proyecto de ley protegería la privacidad de los empleados en cuanto a su voto.
Las empresas que reconozcan voluntariamente a los sindicatos seguirían estando restringidas a la hora de recibir créditos fiscales para megaproyectos que creen 1.000 puestos de trabajo o más, como la planta de vehículos eléctricos y baterías de Hyundai Motor Group cerca de Savannah. Rivian anunció a principios de este mes que ponía en pausa sus planes de construir una planta de vehículos eléctricos y baterías de 5.000 millones de dólares y crear 7.500 puestos de trabajo.
El sindicato United Auto Workers anunció en noviembre que intentaría organizar las fábricas no sindicadas de los fabricantes de automóviles del sur, incluidas las de Hyundai y Rivian.
Los dirigentes estatales llevan años intentando convencer a los fabricantes de automóviles para que operen en Georgia tras el cierre, a mediados de la década de 2000, de la planta de Ford en Hapeville y de una fábrica de General Motors en Doraville, donde trabajaban miles de empleados sindicados.
Kia abrió su planta de West Point en 2009 y ha sido el único fabricante de automóviles del estado desde entonces, después de que Georgia no lograra atraer a Daimler AG y Volvo en la década de 2010.
Los organizadores sindicales de Georgia han expresado su decepción y confusión sobre las motivaciones para restringir los sindicatos. Sólo el 5,4% de los trabajadores del estado pertenecían a un sindicato en 2023, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. La legislación es «una solución en busca de un problema», dijo James Williams, de la sección de Georgia de la AFL-CIO, el consejo de grupos sindicales.
«¿Por qué necesitamos ningún tipo de medida que aborde esto cuando se trata de una parte tan pequeña de nuestra mano de obra?», dijo el representante Gregg Kennard, demócrata que representa a Lawrenceville. «¿Por qué íbamos a hacer algo antiobrero cuando necesitamos atraer a más trabajadores de cualquier fuente disponible?».
Los trabajadores tienen derecho a formar un sindicato y negociar colectivamente los salarios y las condiciones de trabajo sin ser despedidos en virtud de la Ley Nacional de Relaciones Laborales de 1935, también conocida como Ley Wagner.
Pero Georgia es un estado de derecho al trabajo desde 1947, cuando el Congreso aprobó la Ley Taft-Hartley, que permite a los trabajadores negarse a afiliarse a un sindicato o a pagar cuotas, aunque puedan beneficiarse de los contratos negociados por un sindicato con su empresa.
El proyecto de ley suprime uno de los dos métodos protegidos por el gobierno federal para que los empresarios respondan cuando los trabajadores forman un sindicato: Pueden reconocer voluntariamente a un sindicato, lo que los sindicatos prefieren porque les permite empezar a negociar con las empresas inmediatamente. O pueden exigir a los trabajadores que celebren una elección secreta, que, según los defensores de los trabajadores, puede llevar más tiempo y dar más tiempo a los empresarios para disuadir a los trabajadores de apoyar a un sindicato.
«Yo, como propietario de una pequeña empresa, debería tener la decisión final sobre cómo gestionar el trabajo y la mano de obra en mi negocio», dijo el representante demócrata Long Tran, propietario de Peachy Corners Cafe en Peachtree Corners.
Si el proyecto se convierte en ley, Georgia seguiría a otros estados del Sur, como Carolina del Sur y Tennessee, que han promulgado o apoyado leyes similares.
El presidente de Industria y Trabajo de la Cámara, Bill Werkheiser, republicano de Glennville, dijo que la legislación aprobada por la Cámara en 2013 ya impide que los empleadores reconozcan voluntariamente a los sindicatos a través de controles de tarjetas.
Pero la representante Saira Draper, demócrata que representa a partes de Atlanta, dijo que le preocupa que este proyecto de ley entre en conflicto con la ley federal.
«Si este proyecto de ley se aprueba, habrá una demanda», dijo. «Costará millones de dólares a los contribuyentes de Georgia. Y el estado perderá».