Líderes sindicales han expuesto la situación ante la OIT y denunciado las violaciones a la salud ocupacional cometidas en Cuba.
Madrid (Angeles Rosas / DDC) – Los trabajadores cubanos están en un estado de indefensión ante sucesos como el ocurrido el 27 de agosto en la fábrica de cemento de Cienfuegos. El escenario en Cuba es proclive al aumento de desastres mortales de este tipo, a falta de voluntad del Gobierno para atajarlos, industrias obsoletas necesitadas de inversiones capitales, el escamoteo oficial de estadísticas y la habitual descarga de responsabilidades en las propias víctimas de los hechos.
Joel Brito, director del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC), alertó en una entrevista con DIARIO DE CUBA que durante los últimos 50 años el régimen no ha invertido en recursos de protección para los trabajadores que están directamente vinculados a áreas de alto riesgo, lo que se suma a las condiciones deplorables de muchas de las instalaciones, donde se ejecutan labores que pueden implicar serios perjuicios para la salud y la vida.
«Muchísimos trabajadores de termoeléctricas, industrias manufactureras, depósitos de combustibles, centrales azucareros no están recibiendo formación en seguridad y protección del trabajo. En cualquier lugar del mundo esta capacitación ocurre cada tres meses, se da una actualización de los protocolos de seguridad. El régimen, sin embargo, prefiere seguir invirtiendo en hoteles en vez de dedicar una parte a asegurar la salud ocupacional de los trabajadores».
Brito recordó la tragedia del Hotel Saratoga, en la que perdieron la vida 45 personas. El año pasado una comisión de expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclamó a La Habana que informara sobre las causas que provocaron el accidente e identificara a los responsables. «Pero hasta la fecha no ha respondido a estas interrogantes. Tampoco ha informado de qué medidas adicionales ha tomado para evitar accidentes futuros», lamentó el director del GIRSCC.
«Sin recursos financieros necesarios para los medios de protección individual de los trabajadores y la formación en protección e higiene del trabajo van a seguir produciéndose accidentes laborales. No hay una política definida desde el Ministerio del Trabajo hacia las industrias y empresas, y desde estas empresas a sus unidades de producción», añadió.
«Los centrales azucareros son un desastre, los 45 o 50 que sigue produciendo funciona a duras penas, en condiciones muy primitivas. Las termoeléctricas son otro problema serio, muy atrasadas tecnológicamente; las unidades más modernas dentro de estas plantas fueron compradas entre los años 80 y 90», señaló.
Brito consideró que ante el incremento de los accidentes laborales el régimen va a culpar a los trabajadores, como ha hecho hasta ahora, con tal de no asumir la responsabilidad.
«No es que los trabajadores no quieran cuidar su vida o la de sus familiares, sino que el régimen no contribuye a la formación y capacitación de sus trabajadores en las áreas de alto riesgo, y además se ven obligados a cumplir sus obligaciones con los escasos recursos de que disponen. ¿Por qué no pueden invertir el 10% de lo que invierten en el sector turístico en medios de protección para evitar accidentes? No es un problema de falta de recursos financieros o del embargo, el problema es que el propio sistema político y económico no genera los recursos necesarios para proteger a sus trabajadores», afirmó.
En octubre de 2022, Valia Carbó Vázquez, jefa del Centro de Registro y Aprobación de Equipos de Protección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dijo a la prensa oficial que «todas las entidades tienen presupuesto en moneda nacional para adquirir equipos de protección y entregarlos a sus empleados, pero muchas no disponen de liquidez en moneda libremente convertible para comprar determinados tipos. La realización de ese fondo está por debajo del 70%, por la deficiente oferta en moneda nacional, el incremento de los precios en el mercado y falta de divisas para comprar equipos que no se producen en el país», admitió.
Líderes sindicales independientes cubanos como Iván Hernández Carrillo, Alejandro Sánchez Saldívar y Emilio Gottardi han expuesto la situación de indefensión de los obreros cubanos ante la OIT, y denunciado las violaciones a la salud ocupacional que se cometen en Cuba, recordó el experto en derechos laborales.
«La salud ocupacional es un tema prioritario en cualquier parte del mundo. Nadie quiere que fallezca un trabajador, ninguna empresa quiere verse sometida a un proceso de revisión por las autoridades competentes por este motivo. En Cuba, como todo forma parte de la familia en el poder, a ninguna empresa estatal, de los militares o del sector industrial, le interesa la muerte de uno de sus trabajadores. El Ministerio del Trabajo es en la práctica un departamento disfuncional, como lo es la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que no defiende a sus afiliados sino responde a intereses del régimen. En la prensa oficial no habrá titulares para los verdaderos culpables del accidente de la fábrica de cemento», dijo.
Sobre la legislación cubana, el experto consideró que es bastante completa en cuanto a seguridad y protección. «Contempla un 90% de lo que pudiera estar en la legislación de cualquier país del mundo en esta materia, el problema no está en la legislación, sino en su implementación. Cada ministerio tiene una dirección para atender los temas de protección e higiene del trabajo. Si funcionaran desde el punto de vista legislativo y estructural serían perfectos».
No obstante, a la legislación le faltarían una quincena de convenios internacionales del trabajo que no están ratificados por La Habana ante la OIT y este fue uno de los señalamientos realizados por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) al régimen cubano el pasado año.
El escenario que vislumbra Brito en los próximos meses «es que tanto los accidentes de trabajo como las irregularidades en la salud ocupacional van a seguir incrementándose».
«Recordemos lo ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas (el peor desastre industrial de la Historia en Cuba, que provocó 17 muertos, la mayoría de ellos bomberos), el Hotel Saratoga, el reciente incendio en la termoeléctrica Antonio Guiteras, los centrales azucareros, accidentes constantes en el transporte, muchos de los cuales ocurren a falta de gomas para los vehículos, mantenimiento preventivo, reparaciones incorrectas, y que son accidentes de trabajo», añadió.
«Si un trabajador yendo a su trabajo tiene un accidente, eso es un accidente laboral, aunque el régimen, especialista en manipular las estadísticas, no lo considere como tal y lo contemple como un accidente de tránsito. La CTC y el sindicato implicado debería exigir a la Administración, al Poder Popular, al Partido, a la Policía, que lo considere un accidente laboral. Así está en la legislación, así tiene que ser, pero no lo hacen, denunció.
Según cifras oficiales, en 2023 fallecieron en Cuba 52 personas por accidentes y enfermedades laborales, incrementándose el coeficiente de mortalidad de los 30,3 a los 33,8 puntos con respecto a 2022. Las cifras del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias ni el Ministerio del Interior. En 2022, pese a las muertes de bomberos en labores de extinción de incendios, como los 17 fallecidos en agosto de ese año en Matanzas, varios de ellos reclutas del Servicio Militar, esas cifras no fueron incluidas. Tampoco aparecieron en los informes oficiales las muertes de dos rescatistas cubanos en un derrumbe en La Habana Vieja en octubre de 2023.
Un estudio realizado por la ASIC y publicado por DIARIO DE CUBA, que denunció la muerte de 61 personas en accidentes laborales entre enero de 2022 y junio de 2023, mostró además que los trabajadores cubanos sufren del deterioro de su salud física, la falta de una buena alimentación, altos niveles de estrés, sobrecarga laboral e insatisfacción.
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