Continúan brindado atención a pacientes hospitalizados y de urgencia, y priorizan a embarazadas, recién nacidos y cuadros febriles en niños.
PANAMÁ (AP) — Médicos de los hospitales públicos de Panamá iniciaron el miércoles una huelga en respaldo a las protestas que exigen la eliminación de un contrato minero entre el Estado y una empresa de capital canadiense para continuar con la extracción de cobre en una amplia zona boscosa, mientras los cierres de carreteras y marchas en la capital y en el interior del país se extendieron a su tercer día.
En tanto, los educadores, que junto a los obreros de la construcción han encabezado las protestas multitudinarias durante la semana, aprobaron extender el paro por 48 horas más, al tiempo que realizaban marchas y concentraciones en varios puntos del país.
El miércoles personal de salud de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Afines de la Caja del Seguro Social iniciaron un paro de 72 horas en los hospitales públicos del país.
“Salud para la población, no a la minería”, se leía en un cartel que exhibía una funcionaria durante una manifestación en el predio de un hospital público en la capital.
El dirigente del colectivo sanitario, el doctor Fernando Castañeda, dijo a la AP que la convocatoria de paralización fue exitosa y que además de la capital recibió respaldo de hospitales del interior del país, pese a las amenazas de sanciones administrativas.
“El personal se ha mantenido firme. Hay un sentimiento de solidaridad de todo el pueblo”, sostuvo el médico al señalar que “un sector importante de la población ha acogido el llamado de no asistir si no es urgente”.
Durante el paro, los médicos siguen brindado atención a los pacientes hospitalizados y de urgencia. También priorizan la atención de embarazadas, recién nacidos y cuadros febriles en niños.
La noche del miércoles, la policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a miles de manifestantes que protagonizaron una marcha pacífica por una zona del centro de la capital. En las calles aledañas, jóvenes levantaron barricadas y arrojaron piedras a los agentes. Fue la tercera manifestación nocturna en la zona de rascacielos, edificios bancarios, comerciales y residenciales del centro de la capital desde que se concretó el acuerdo minero con el ejecutivo.
Las protestas con bloqueos de carreteras en todo el país, concentraciones y marchas se recrudecieron luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionó y promulgó el viernes con rapidez la ley del contrato con una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals que había sido aprobado antes por el Legislativo a pesar del rechazo popular.
Se trata de un nuevo contrato que otorga a la empresa minera el derecho de extraer, procesar y exportar cobre y minerales afines por un periodo de 20 años —prorrogable por 20 más—- en cuatro zonas de 12.955 hectáreas al norte del país, una actividad que ya venía desarrollándose desde que se dieron en concesión esos yacimientos a finales de la década de 1990.
Se estima que esta es la mayor inversión privada en la historia de Panamá, con más de 6.000 millones de dólares, y la mayor mina de su tipo en Centroamérica.
Los críticos rechazan el contrato porque consideran que otorga demasiadas concesiones a la minera y que tendría un fuerte impacto medioambiental y pondría en riesgo el recurso hídrico, vital para el consumo humano. También mencionan que podría verse incluso afectada la futura operación del canal interoceánico, ya golpeado por el cambio climático y la sequía.
El gobierno de Cortizo defiende a capa y espada el contrato argumentando que garantiza empleo a 9.000 trabajadores y dará al Estado un ingreso mínimo anual por la concesión de 375 millones de dólares por parte de la empresa, la cual reportó exportaciones por 2.850 millones de dólares en 2022 y resaltó que aportó el 4,8% del Producto Interno Bruto panameño en 2021.