El secretario de Estado norteamericano ratificó el interés de EE. UU. por terminar con una política de explotación y complicidad.
La Habana (Sindical Press) – El uso de profesionales de la salud como fuente generadora de divisas ha sido para el régimen cubano una especie de salvavidas en medio de la crisis sistémica que se agudiza con el paso de los años.
Esas transacciones espurias apuntan a no ser tan lucrativas a partir de los pasos tomados por la administración estadounidense para erradicar una explotación laboral que, lejos de ser humanitaria como a menudo la presentan sus promotores en público, oculta prácticas inhumanas.
Este esquema extorsionador comparte características con el sistema esclavista que existió en la Isla entre los siglos XVI y XIX, cuando los africanos traídos como esclavos fueron forzados a trabajar sin remuneración y con lo mínimo necesario para garantizar su supervivencia y productividad.
Esta vez son médicos, técnicos de laboratorio y enfermeras las víctimas de un negocio que aporta sumas millonarias a las arcas del gobierno cada año.
Localizados en alrededor de 60 países, su trabajo se desarrolla regularmente en condiciones adversas, incluso bajo serias amenazas para su integridad física y sicológica, y sin recibir los pagos acordados entre el dueño (el estado cubano) y los compradores (gobiernos de la periferia tercermundista y algunos del primer mundo como España e Italia).
Existen reportes y denuncias al más alto nivel del pago miserable que reciben.
Fuentes aseguran que los montos a su disposición se ubican entre 9% y 25% de cifras que pueden pasar de los 4 mil dólares al mes, además de la retención de los pasaportes y de parte del sueldo hasta su regreso, con tal de evitar deserciones.
A pesar de la vigilancia y las medidas de control, miles se han fugado en busca de un futuro mejor. Cerca de 4000 galenos viven hoy en los Estados Unidos. Se estima que el número total de desertores supera los 10 000, lo cual indica la vigencia de un patrón, a pesar de prohibírsele la entrada a la Isla.
El reciente pronunciamiento del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, confirmó el interés por ponerle fin a una política fundamentada en la impudicia del emisor y la abyecta colaboración de los receptores.
En Jamaica, la primera parada de su gira caribeña que incluye a Guyana y Surinam, Rubio no tuvo reparos en condenar tales políticas y reiterar su compromiso en contribuir a su erradicación.
Aunque el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, enfatizó que los derechos de los 400 integrantes de la brigada médica cubana se respetan y que el programa cumple con las normas internacionales, habría que ver si la realidad se ajusta a sus declaraciones.
El 25 de febrero último, el Departamento de Estado amplió las restricciones de visados contra individuos y entidades que se beneficien de estos acuerdos, como parte de la ofensiva para contrarrestar una práctica que vulnera el derecho a la libre contratación y permite la arbitraria asignación de los salarios.
En relación a ambas problemáticas, varias organizaciones se han pronunciado, dentro y fuera de Cuba, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a partir de denuncias enviadas por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (GIRSCC) y el Consejo de Derechos Humanos, entre otras.
Se calcula que el ingreso por estas actividades alcanza entre 8000 y 10 000 millones anuales, una suma para nada despreciable para un país en quiebra. Es previsible una caída en las recaudaciones en los próximos años, lo cual elevaría la vulnerabilidad de un modelo económico agotado.
Los cómplices del tráfico de mano de obra esclava deberán reconsiderar sus decisiones ante la posibilidad de enfrentar sanciones más drásticas si persiste la complicidad en perjuicio de un trato justo y responsable.