La estrategia de la Seguridad del Estado cubana es invariable: encausar por un delito común y luego presentar simples delincuentes.
La Habana, Waldo Fernández Cuenca (DDC) – En 2018 comencé a recibir citaciones de la Seguridad del Estado, pero no fue hasta dos años después, con la llegada del Covid-19 a Cuba, que sentí que la represión se duplicaba. Mi único «delito» era, y sigue siendo, ser periodista independiente.
En menos de dos meses recibí varias citaciones policiales y para encuentros con la Seguridad del Estado, la cual, en principio, buscaba intimidarme. El continuo hostigamiento llegó a que, finalmente, me retiraran de manera arbitraria mi licencia de cuentapropista.
Una de las citaciones ocurrió en abril del año pasado. La policía política cubana amenazó entonces con procesarme por usurpación de funciones públicas y lavado de dinero. La primera acusación no tenía el menor sentido, pues me gradué de Periodismo en la Universidad de La Habana en 2011, como ellos debían saber. La segunda, sin embargo, se basaba en la suposición de que pagaba la licencia de cuentapropista con mi salario de DIARIO DE CUBA. De esta última, totalmente infundada, no presentaron pruebas. Además, se trataba de una interpretación en extremo torcida y aviesa de esa figura penal.
Por esos meses la Policía lanzó una nueva amenaza. Al no ser reconocido por el régimen mi trabajo como periodista, me catalogaron como un «desvinculado laboral», presunta antesala de la aplicación de la «Ley de la Vagancia». La acusación nuevamente era insostenible, dado que esta ley fue derogada hace décadas.
La estrategia de la Seguridad del Estado es invariable: encausar por un delito común y luego presentar a simples delincuentes. Así se enmascara en Cuba la penalización de la discrepancia.
Durante un buen tiempo, la maquinaria represiva del régimen dejó de molestarme. Ahora, en marzo de 2021, regresa para advertirme, en la voz de sus agentes, que «no le importa una persona más en prisión». Por ser colaborador de DIARIO DE CUBA, continúa, puede caer sobre mí la pena que sanciona el delito de «mercenarismo».
«Estaremos sobre ti hasta que cierres los ojos», es lo último que han dicho sus portavoces.
La Policía que atiende la zona donde vivo insiste en que no trabajo y en que, además, me reúno con «elementos antisociales». Aún no me han dicho cuál de las personas con las que me reúno es un elemento antisocial. Lo que sí hicieron fue amenazar con abrirme un expediente por «peligrosidad social». También prometieron citarme cada 15 días, «para ver si me había buscado un trabajo».
Ante el hartazgo social, las protestas de ciertos sectores de la población, la carestía y el desabastecimiento crónico de productos básicos y una Tarea Ordenamiento que exprime los bolsillos de los cubanos, la prensa independiente juega un papel fundamental como ventana de denuncia. Su florecimiento en los últimos años —con el acceso a internet y las redes sociales— es lo que los cuerpos represivos, de las formas más disímiles, buscan impedir y acallar.
He constatado —al conversar con las personas agobiadas por un cúmulo de problemas insolubles— cómo estos cubanos de a pie ven en los periodistas independientes casi a las únicas personas que escuchan sus problemas, aunque sepan que muy poco podemos ayudarles, más allá de en la denuncia de sus dificultades.
Esos hombres y mujeres son el mayor regocijo de mi trabajo y por los que alguna vez decidí ser periodista. Por ellos y porque la sociedad cubana necesita un periodismo alejado de la propaganda gubernamental y con estándares que se acerquen a los de los países más libres del mundo es que sigo y seguiré este camino.