Cada semana salen a luz la imposición de multas por el incumplimiento de topes de precios decretados por el MFP.
Pittsburgh (Sindical Press) – La propiedad privada en Cuba no pasa de ser una entelequia, un término que la prensa soslaya olímpicamente y los representantes del partido, a todos los niveles, también lo mantienen en la nómina de palabras impronunciables.
Se trata, ni más ni menos, de una herejía sin posibilidades de entrar, de lleno, en la órbita de un socialismo, todavía anclado en las turbias aguas de la planificación centralizada.
Por estos días, los hechos revelan con suma claridad las ojerizas del alto mando frente a las iniciativas no estatales, aprobadas no como un complemento vital para salir del marasmo económico, sino como una alternativa marginal a mantener bajo el escrutinio de varios millares de inspectores, entrenados en dependencias del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) y de los gobiernos municipales para supuestamente sanear las distorsiones mercantiles en los mercados minoristas (mypimes y carretilleros).
Cada semana, salen a luz la imposición de multas por el incumplimiento de los topes de precios decretados por el MFP sobre varios productos. Fuentes aseguran que el sábado último hubo un operativo en la localidad de Güines, en la provincia Mayabeque, contra los “carretilleros” que estaban violando las normas decretadas.
En esta ocasión, decenas de inspectores y efectivos de la policía obligaron a los vendedores a acatar las disposiciones en cuanto al costo de las viandas y hortalizas, so pena de enfrentar el decomiso de toda la mercancía.
La información recibida cuenta además que algunos de los trabajadores se resistieron a la orden, interrumpiendo sus ventas y retirándose a sus respectivos domicilios. Otros llegaron incluso a blandir machetes, mostrando de esta manera su rechazo a lo que consideran como una medida arbitraria que no tiene en cuenta los altos montos a desembolsar para adquirir esos productos del agro, directamente en el campo, o a través de los intermediarios, lo cual resulta en irrisorias o nulas ganancias. Esto último se deriva de un complicado mecanismo de aprovisionamiento, agravado por las bajas producciones agrícolas con la consiguiente alza de los precios mayoristas, los elevados costos del transporte y un sinfín de obstáculos que limitan el normal desenvolvimiento de estas labores.
Por otro lado, trascendió lo ocurrido en la ciudad de Santa Clara la pasada semana en todos sus Consejos Populares. Las 95 inspecciones realizadas, arrojaron un total de 87 infracciones, 49 de ellas relacionadas con la alteración de los precios.
A pocos días de entrar en vigor la Resolución 225/2024, aprobada a comienzos del mes de julio, en que se fijó el costo de 6 productos de alta demanda, el ministro del MFP, Vladimir Regueiro Ale, se refirió a la realización de 1 079 acciones de control, en las que detectaron 393 violaciones, imponiéndose medidas en dependencia de la magnitud del delito.
También se conoció que en la localidad de Cabaiguán, en la provincia Sancti Spiritus, alrededor de 40 dueños de mypimes y cuentapropistas fueron penalizados por infringir las normas establecidas.
Debido a las regulaciones amparadas en la supuesta finalidad de aliviar la sobrecarga existencial de la población, la cual enfrenta una inflación de tres dígitos con salarios que promedian menos de un dólar diario, la situación tiende a un empeoramiento, potenciado por el declive de estas gestiones no estatales y el auge del mercado negro, donde habrá que comprar todo o casi todo a precios mucho más elevados.
Las coordenadas no pueden señalar otro destino que no sea un mayor avivamiento del caos. Las reglas económicas para el desarrollo están bien definidas y nada tienen en común con las perspectivas del Estado controlador y voluntarista, pero como reza el aforismo, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. Sobre esa tesis, los gerifaltes del partido se empeñan en la continuidad de la agonía de millones de personas, mientras defienden los ripios de un modelo viciado de origen, donde la esperanza de vivir dignamente se pierde entre las fallidas estrategias de desarrollo económico que acercan el país a la bancarrota.