El Estado realizó 1,4 millones de acciones de control que conllevaron a multas pecuniarias, decomisos de productos, retiro de licencias.
La Habana | DDC – El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó un informe titulado «Entorno, emprendimientos privados y los derechos económicos«, en el que analizaron el impacto de la pandemia del coronavirus y los resultados de la actividad económica del sector privado cubano durante 2020.
El documento, ilustrado por la empresa Roselló Consultores, afirmó que «el fracaso del sistema económico cubano se hace cada vez más evidente» y agrega que la crisis «no ha hecho otra cosa que agravar y a la vez explicitar más las falencias de una forma de ver la economía que sigue atada a la primacía del monopolio del Estado».
Tras el comienzo de la pandemia de coronavirus las autoridades cubanas incrementaron la persecución contra los trabajadores del sector privado en la Isla, por lo que la investigación detectó un «recrudecimiento de la violación de los derechos económicos y las prácticas de persecución y vigilancia sobre el sector cuentapropista», pues «los entes de fiscalización estatales realizaron 1,4 millones de acciones de control que conllevaron a multas pecuniarias, decomisos de productos y medios de producción, retiro de licencia y otras medidas similares».
«El monto por concepto de multas pecuniarias ascendió́ a 32 millones de pesos, un 44% superior a lo reportado en el año 2019. Cabe destacar que la región con más multas aplicadas fue la zona occidental, en la que se destaca La Habana con el 46% del total de todo el país», agregó el documento.
Desde el año 2010 el sector privado cubano mantuvo un crecimiento constante, pero según los resultados de la investigación, esa tendencia se rompió en 2020, cuando unas 158 mil personas abandonaron sus labores como trabajadores «por cuenta propia».
Los autores del texto también señalaron que tanto las mujeres como la población afrodescendiente cubana enfrenta más desafíos para abrirse paso en el sector privado, siendo minoría en dicho espacio económico.
«Las actividades laborales más atractivas para la población cubana que labora en el sector cuentapropista siguen siendo la elaboración y venta de alimentos, los servicios de transportación de cargas y pasajeros, el arrendamiento de espacios, habitaciones y viviendas y los servicios de telecomunicaciones», señaló la investigación, pues esas actividades «representan el 22% del total de licencias operativas en 2020».
Sobre la distribución a nivel geográfico del sector privado cubano, el documento afirmó que «en 2020 el 65% del total de registrados en el sector cuentapropista estaban concentrados en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Villa Clara, Matanzas y La Habana, esta última con una mayor presencia que contempla el 30% del total nacional».
Entre las principales consecuencias de la pandemia del coronavirus los expertos señalaron la suspensión temporal del 35% de las licencias, el cierre temporal del 60% de los negocios privados durante el segundo trimestre del año mientras solo el 5% de los trabajadores por cuenta propia recibieron beneficios de asistencia social durante este tiempo.
En respuesta a los abusos sufridos por el sector privado, el Observatorio de Derechos Económicos «registró 47 eventos de protesta y reivindicación de los derechos económicos protagonizados por los cuentapropistas cubanos, los cuales, y a pesar de su legitimidad, fueron ignorados por los medios de comunicación y los 17 sindicatos nacionales oficialistas».
En el texto, realizado por observadores económicos del OCDH, se recogen los resultados de la investigación social sobre emprendimientos privados y el comportamiento de los derechos económicos de los llamados «cuentapropistas» durante el pasado año.