Pánico en negocios privados de Cuba por los juicios ejemplarizantes

Un juicio ejemplarizante en Cuba publicado en la prensa oficial. (Vanguardia)

‘El objetivo es sembrarnos la sensación de miedo y que el Partido está atento y dispuesto a aplicar la fuerza’

La Habana, Cuba | Gerónimo García (DDC) – Rigoberto administra una cafetería en calidad de “cooperativista” en una de las comunidades del consejo popular Plaza, de La Habana. La mantuvo operativa, con autorización de la Dirección Municipal de Comercio, y estuvo prestando servicio de “alimentos para llevar” en medio de la cuarentena por la expansión del Covid-19.”Pero acabé cerrando. A un compañero de trabajo, que también administra una cooperativa, lo acusaron de acaparamiento por tener cuatro cajas de malta y otras cuatro de refrescos. Fue algo realmente inaudito”, relató Rigoberto. Opinó que “los juicios ejemplarizantes que transmiten por la televisión crean pánico en la población”.

Trabajadores privados y de cooperativas consultados revelaron que muchos negocios han cerrado por el temor del personal a ser procesado por “acaparamiento”.

Muchos ven en los juicios ejemplarizantes una estrategia del Gobierno para encubrir su incapacidad de establecer, en medio de la pandemia, una distribución eficaz de alimentos y productos de aseo personal. También una exhibición de capacidad represiva, ante la posibilidad de que la situación se le vaya de las manos debido al grave desabastecimiento.

“Estos negocios, que podrían prestar servicio a las comunidades en medio de la cuarentena y contribuir a la reducción del riesgo de contagio por coronavirus, están paralizados o subutilizados”, criticó Alina Mendoza, dueña de una cafetería.

“En este momento, no contar con el sector privado y las cooperativas es una locura”, añadió.

“No tengo ninguna noticia de que algún negocio privado haya subido los precios ni acaparado productos, esas son prácticas que por lo general ocurren en el mercado negro. Esos juicios televisados lo único que generan es una imagen desagradable contra los privados y las cooperativas”, fustigó Mendoza, quien sostuvo discusión con funcionarios de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en su territorio. “Ninguno me supo precisar cuáles son las cantidades que se consideran acaparamiento”, justificó.

Aunque la Ley de Procedimiento Penal no prevé los juicios ejemplarizantes, durante seis décadas el Gobierno cubano los ha ejecutado a discreción y ante panoramas complejos sobre todo para su seguridad.

Son una herramienta coercitiva que prioriza el interés del Partido Comunista por encima de la Justicia.

“¿Quién tiene realmente sitiados a los cubanos, el coronavirus o el Gobierno?”, cuestionó Fátima Valenzuela, dueña de una cafetería en el Cerro que garantizaba una variada oferta para desayunos y comidas.

“El Gobierno siempre utilizó aquello de que en plaza sitiada todo acto de rebeldía es traición. Eso significa que si protestamos porque injustamente y sin base legal se nos acusa de acaparamiento, podría empeorar nuestra situación y la cosa se tornaría política”, dijo Valenzuela.

“Los juicios que están siendo televisados son un mensaje claro contra toda la población, pero fundamentalmente contra un sector privado, que carece de almacenes en los que adquirir los productos que necesita”, recordó.

Tanto la situación de los negocios y las cooperativas privados, como otros delitos bajo los cuales son acusados los ciudadanos en estos juicios ejemplarizantes y televisados —como los robos—, son anteriores a la expansión de la pandemia del Covid-19.

“Una televisión y una prensa que no dedica un solo minuto a transmitir ni la mitad de las realidades que ocurren en este país, se toma sin embargo el tiempo de ofrecer como noticia el juicio contra unas personas por unos sacos de papa”, fustigó Clara Esther Rodríguez, maestra jubilada y vecina de Centro Habana.

“El único objetivo de estos juicios televisados es sembrarnos la sensación de miedo, de que el Partido está atento y dispuesto a hacer alarde fuerza”, apostilló Rodríguez.

En barrios habaneros hay rumores de que también serán procesados, por el delito de “receptación”, los ciudadanos que adquieran productos y mercancías en el extendido mercado negro cubano.

Con penas de hasta cinco años de cárcel, el Código Penal vigente sanciona por receptación, en su Artículo 338, al que “sin haber tenido participación alguna en el delito, oculte en interés propio, cambie o adquiera bienes que por la persona que los presente, o la ocasión o circunstancias de la enajenación, evidencien o hagan suponer racionalmente, que proceden de un delito”.

“Al Gobierno le sirve lo mismo el bloqueo de los yanquis que el coronavirus para sofocarnos, tenernos con la mente ocupada en otros trajines y no pensar en la verdad: que este país se fue a bolina”, expresó Juan Pablo, un carretillero de Los Sitios.

Hace unos días a Juan Pablo le decomisaron dos racimos de plátano fruta, ocho ristras de cebolla, seis de ajo y unas 30 libras de malanga.

“A mí ni me va, ni me viene. Y no me perdería ver cómo harían para enjuiciar a la mitad de Los Sitios junto a las 20 ancianas que todos los días me compran mercancía”, concluyó Juan Pablo.