Carlos Michael Morales Rodríguez debe incorporarse a un centro laboral para comenzar a cumplir los ocho meses de trabajo correccional.
(Yolanda Huerga / Martí Noticias) – Las autoridades judiciales de Caibarién, en la provincia Villa Clara, insistieron, este miércoles, en que el periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez, debe incorporarse a un centro laboral para comenzar a cumplir los ocho meses de trabajo correccional sin internamiento a los que fue sentenciado el pasado 22 de julio.
Así se lo hizo conocer, durante una citación, el presidente del Tribunal Municipal, Sandro Rodríguez, sin aceptar el resumen médico presentado por el comunicador.
“Me recibió Sandro, quien se hacía acompañar de un representante de la policía, así como de una trabajadora social”, explicó a Martí Noticias, Morales Rodríguez.
Tras pedir su carnet y una fotografía al preso político, le exigió un documento de contrato de trabajo con una empresa del Estado.
“Yo le manifesté que debido a la huelga de hambre que yo había realizado, estaba presentando síntomas y patologías que tenían a los médicos algo alarmados y que me estaban realizando un chequeo profundo. También debo ser valorado por varios especialistas, suficiente como para no poder laborar en este momento ni con el Estado ni en el sector particular, pero el funcionario no aceptó este resumen médico con su cuño oficial del Policlínico # 1”, relató.
“Entonces tomó la primera acción represiva contra mi persona: en el día de hoy se debía ratificar mi sanción, pero no fue así. Esto trae como consecuencia que mi sanción se siga alargando en el tiempo, entonces ya serían nueve meses de privación de libertad”, agregó Morales.
Morales llevó a cabo dos huelgas de hambre, la última de 26 días, tras ser detenido a principios de mayo en su ciudad natal, por no haberse presentado a dos citaciones oficiales de la Policía, que consideró no cumplían con la legalidad.
Las fotos llegadas a nuestra redacción muestran el deterioro físico de Morales, como consecuencia de las dos huelgas de hambre. Su peso al ser liberado era de 39 kilogramos.
El funcionario judicial amenazó al activista, de manera velada, que de observar una actitud antisocial o cometer un nuevo delito sería revocada su sanción e internado en una prisión cerrada.
“Le recalqué que, entonces, no lo podría hacer porque mi actitud es la de una persona decente, que mis vecinos y las personas en Caibarién me adoran”.
El activista villaclareño había sido excarcelado en marzo, tras cumplir de manera íntegra una condena de dos años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021.