En junio, vendedores de la espirituana Plaza de Mercado abandonaron sus puestos luego de no aceptar el control de precios.
La Habana (Sindical Press) – Una regulación que mantienen en vilo a comerciantes y cuentapropistas, es “la obligatoriedad de la confección de la Ficha de Costo por todos los actores económicos, incluyendo los no estatales, como productores y prestadores de servicios técnicos-productivos”, cuyo objetivo es lograr precios más racionales, algo que resulta una quimera para la mayoría de los cuentapropistas.
Alexander, vendedor de carne de cerdo de Romerillo, municipio Playa, comentó sobre este tema:
“Quieren topar de nuevo los precios. Lo han intentado otras veces y es imposible. El Estado no cuenta con mercado mayorista, los comerciantes compramos muy caro a los productores y a los intermediarios, y necesariamente tenemos que subirle el precio al producto para obtener ganancias. Hace poco vino una inspectora y me exigió presentar mi Ficha de Costo, pero no me supo explicar cómo hacerlo. Así que empezamos mal”.
Margarita Acosta Rodríguez, directora de Política de Precios del ministerio de Finanzas y Precios, declaró recientemente que la resolución 148 de 2023, aprobada recientemente por el Ministerio de Finanzas y Precios, “persigue transparentar los costos y gastos, buscar reservas de eficiencia y a partir de ahí propiciar disminuciones de precios”, pero tal afirmación constituye un espejismo en la caótica situación de la economía.
La funcionaria informó además que para cumplir con la tarea se realizó un proceso de capacitación a todos los niveles, dado el complejo contexto en que se debe implementar la normativa, que comprendió más de 3 500 entidades empresariales y más de 12 000 actores económicos no estatales, en cambio carretilleros de la capital y dueños de pequeños negocios no han recibido ningún tipo de asesoramiento al respecto.
La referida resolución va encaminada a topar el precio de los alimentos, un viejo intento del régimen para acallar las protestas del pueblo por la alta inflación lo cual conduce al aumento del desbalance entre la oferta y demanda. De esta manera se contribuye a la merma tanto de la calidad como de los artículos disponibles en las tarimas. No tiene sentido vender sin la obtención de algún margen de ganancia.
Durante este año, varias provincias del país han instaurado el tope de los precios a algunos productos. En la provincia de Cienfuegos recientemente los recortes impuestos por las autoridades para facilitar la medida, representan entre un 75% y un 83% de los precios actuales. El boniato que se oferta a 90 pesos la libra, tendrá un precio de 15 pesos. En el caso de la yuca que actualmente se vende a 70 pesos se venderá a 15 pesos. Los plátanos frutas bajarán de 80 pesos a 15 pesos. La calabaza de 70 a 15 pesos y la guayaba de 60 precio a 15 pesos.
También se toparon los precios del plátano vianda, hasta 20 pesos la libra. El plátano burro a 10 pesos. La fruta bomba verde a 6 pesos. La fruta bomba rallona a 9 pesos. La harina de maíz a 30 pesos y el maíz tierno a 10 pesos la unidad. Se mantendrán los precios para el arroz, el frijol negro y el frijol colorado, a 72, 70 y 75 pesos, respectivamente.
Según palabras de Alexander Corona, gobernador provincial y firmante de la resolución 148, en Cienfuegos, solo los productos provenientes de otras provincias, para vender específicamente en La Plaza del Mercado, podrán comercializarse por el valor del precio de compra, más un 40%. La excepción, también llega para los carretilleros y vendedores ambulantes, quienes podrán vender a un 30% por encima del valor topado.
“Los administradores municipales podrán imponer los precios que estimen adecuado, siempre que estos fluctúen por debajo del valor asignado a los alimentos por el gobierno provincial”, dijo el gobernador.
Otras provincias como Matanzas, Villa Clara y Holguín ya han establecido el tope de los precios de algunos productos, pero el ejemplo de lo ocurrido en Sancti Spíritus, el pasado junio, es una muestra de lo que pudiera suceder en otros sitios. Allí los comerciantes se negaron a aceptar el control de precios decretado por las autoridades decidiendo finalmente abandonar sus puestos, en la Plaza del Mercado, para vender la mercancía en el mercado negro.