La OIT emplaza nuevamente al régimen y al sindicato oficial cubano en el informe 391º del Comité de Libertad Sindical
La Habana, Cuba | Cuba Sindical – Como todas las mañanas, el hombre se levanta temprano, hace ejercicios matutinos en su cuarto para mantenerse en forma y, luego de desayunar, se dirige en el auto oficial a sus oficinas en la Central de Trabajadores de Cuba, en el barrio Centro Habana. Saluda cortésmente a todos los trabajadores y funcionarios del edificio y se dirige directamente a recibir las últimas informaciones de interés. Pero, para Ismael Drullet, Jefe de Relaciones Internacionales de la CTC, hoy las noticias no son buenas. Tampoco lo son para la miembro de su equipo Rosario Rodríguez.
La Organización Internacional del Trabajo acaba de publicar este 7 de noviembre un documento de análisis global sobre libertad sindical que incluye a casi todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, donde la dictadura de partido único y su fiel central sindical es desnudada y vapuleada.
Con el Caso # 3271, definido como “Queja contra el Gobierno de Cuba, por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC)”, la organización transnacional aceptó el alegato donde “la organización querellante alega ataques, actos de hostigamiento y persecución, agresiones y despidos, a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia anti sindical por parte de las autoridades públicas, así como reconocimiento oficial de una única central sindical controlada por el Estado e inexistencia de negociación colectiva y de reconocimiento del derecho de huelga”.
Según el documento, la OIT insta al gobierno cubano a reconocer a la ASIC, su libre funcionamiento y ejercicio de actividades sindicales. Pide además remita sin demora las copias de las sentencias penales condenatorias contra Iván Hernández Carrillo, Víctor Manuel Domínguez y otros diez activistas sindicales. También insta al gobierno comunista a investigar las restricciones de las libertades públicas contra otros 20 sindicalistas. No pasa por alto las restricciones a participar en actividades internacionales por invitación de OIT (los “regulados”), y espera que el régimen se abstenga de restringir indebidamente el derecho a los activistas a organizar libremente sus actividades sindicales, incluso cuando las actividades sean celebradas en el exterior del país. Pero sobre todo, reconoce cómo el gobierno impide en la práctica el ejercicio del derecho a huelga, por los trabajadores y los sindicatos.
Tan contundente respuesta tiene su base ante todo en el exhaustivo trabajo de denuncia de la ASIC ante la OIT. También en las surreales respuestas dadas por la dictadura ante reclamaciones del proyecto de la sociedad civil.
La dictadura, a través de su Embajador Permanente ante el sistema de las Naciones Unidas en Europa, Pedro “el negro” Pedroso, Vicepresidente Salvador Valdés Mesa, y la Ministro de Trabajo Margarita Rodríguez entre otros, argumenta que las alegaciones son falsas y forman parte de una campaña financiada desde el exterior como parte de una agenda para desacreditarlo y sacarlo del poder. Acusa al Comité de sostener prácticas selectivas, basadas en “la manipulación política en los métodos de trabajo y órganos de control de OIT contra países en desarrollo”. Y estas prácticas atentan contra “el espíritu de diálogo y cooperación para promover los derechos de los trabajadores, socavan el tripartismo y no contribuyen a mejorar la situación de los trabajadores del mundo”. Y desestiman todas las alegaciones por sustentarse sobre bases falsas.
El gobierno llega al paroxismo cuando acusa a los activistas sindicales de ser procesados por denuncias relacionadas a actos delictivos como “actividades económicas ilícitas, juegos prohibidos, tenencia de sustancias psicotrópicas, especulación y acaparamiento, tenencia, fabricación y venta de instrumentos idóneos para delinquir, usurpación de funciones públicas, receptación, desacato, lesiones graves, daños, falsificación de documentos y desórdenes públicos”. Pero aun, así en su “eterna bondad” contra estas personas tan peligrosas, las autoridades sólo aplicaron un tratamiento de contravenciones. No feliz con su mamarrachada, alega que las organizaciones sindicales dentro de la CTC tienen carácter autónomo, y en ellas sus miembros aprueban sus propios estatutos y reglamentos, discuten y toman acuerdos democráticamente, eligen o revocan directivos.
¡Esto no es serio estimados lectores! ¿De dónde salió este atajo de absurdos y argumentos inverosímiles, con su punto climático en la sacudida dada por la OIT al régimen y su sindicato?
Ante todo, del inmovilismo que cubre a las estructuras sindicales y al ala conservadora dentro de los altos funcionarios de la CTC. Pero también al discreto embajador Pedroso, prestanombres para esos “corre, ve y dile”, siendo él parte del mecanismo, y a la Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Sra. Rodríguez, también responsable de tal atajo de violaciones de derechos laborales y sindicales. Pero sobre todo al Director de Relaciones Internacionales de la CTC, Sr. Drullet, y al Secretario General de la CTC, Ulises Guillarte, cómplice por acción de violaciones de esos derechos.
Lo otro no calibrado por los estrategas de política exterior del régimen es el cambio en el escenario internacional. Esto no quiere decir que no puedan sobrevivir. Pero lo probable, aunque no nos enteremos bajo la presión de los fuegos fatuos del 500 aniversario de La Habana, es de los rayos y truenes que caerán sobre algunas cabezas de CTC. | julioaleaga@gmail.com