Las autoridades cubanas reconocen que la escasez de profesionales obstaculiza las investigaciones, provocando un ritmo insuficiente ante la creciente criminalidad.
(Mayle González Mirabal / El 43 por ciento de los expedientes de asuntos penales presentados al Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila en 2023 tuvieron deficiencias y fueron devueltos, en su mayoría, por la necesidad de ampliar las investigaciones, reconoció a mediados de enero Karel Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales en un reporte de la prensa local en el que exponen el déficit de fiscales que hay en ese territorio.
De acuerdo a cifras oficiales, en Ciego de Ávila hay apenas 52 de los 93 fiscales que se necesitan. «Entre los años 2022 y 2023 dejaron la toga, por diversas razones, más fiscales (28) que en el periodo de cinco años comprendido entre 2017 y 2022, cuando totalizaron 22», expuso Invasor.
“Ciego de Ávila terminó el 2023 con el 45% de las plazas de fiscales vacantes, pero es válido plantear que todo el sistema de fiscalía enfrenta similar situación y el desbalance negativo entre ingreso de fiscales y bajas. Determinadas provincias occidentales padecen porcentajes superiores, siendo un caos y un sobreesfuerzo humano cumplir entre pocos el cúmulo de las encomiendas que se le asignan con calidad, por ello tienen que reconocer deficiencias graves en el proceso penal y en el campo de las verificaciones fiscales”, explicó a Martí Noticias Edel González Jiménez, máster en Derecho Constitucional, quien ejerció como juez durante 17 años en Cuba.
No existen registros públicos de la cifra de fiscales, jueces y abogados que entran y salen anualmente del sistema en la isla. Según varios expertos consultados por nuestra redacción, Fiscalía y Tribunales no manejan casi ningún dato de este tipo porque los consideran importantes para la seguridad nacional.
Lo que sí está claro y reconocen las autoridades en medio de un alza de la criminalidad en Cuba es que la falta de profesionales provoca que las investigaciones no avancen al ritmo que se espera, lo cual afecta directamente la resolución de los casos de las personas víctimas de delitos.
“No contar con el suficiente personal incide en la difícil tarea de ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado”, apuntó Alonso Rodríguez durante una reunión de balance de los resultados de trabajo de ese órgano en la que se pregunta cómo mejorar entonces “los indicadores de calidad”.
“El vicefiscal sabe la respuesta mejor que nadie dentro y fuera de la institución. Su inactividad y cobardía en el tema le impiden verla con claridad. Tampoco le culpo del todo, sobre su cabeza guinda día a día la espada del Damocles partidista que le apunta. Él fue designado allí porque lo quiere y utiliza Miguel Díaz-Canel; por consiguiente, no puede con garantías, seguridad y libertad, averiguar por qué el éxodo de sus fiscales, servidores que en cualquier país del mundo califican como honorables», considera González, también asesor legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y del medio independiente Diario de Cuba.
Según el vicefiscal general de la República, Reinaldo Cruz Rivera, actualmente “son más quienes dejan el sector que quienes egresan de las aulas”.
Para la abogada Giselle Morfi, jefa del equipo legal del grupo de asesoría Cubalex, «el déficit de fiscales pone al relieve problemas que inciden en las garantías constitucionales”. No obstante, aclara, en el caso cubano el análisis es distinto ya que estos no siempre cumplen con sus obligaciones.
“Las violaciones a las garantías se ven tanto cuando hay muchos fiscales como como cuando hay menos porque el foco lo ponen en delitos y procesos que son de interés y prioridad para la Seguridad del Estado y el Partido Comunista. Esto lo vemos, por ejemplo, en los casos de las personas que son sancionadas por sus opiniones políticas”.
“Ellos (los fiscales) se centran en supervisar y controlar estos casos, pero no para garantizar los derechos humanos de las personas, la legalidad o evitar que se cometan delitos, sino para cerciorarse que se está cumpliendo con un objetivo ejemplarizante que busca un efecto inhibitorio en el resto de la sociedad”
“Teniendo en cuenta entonces que el centro de la fiscalía no es la protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos en general, sino controlar la represión para que esta sea eficiente, mientras menos fiscales haya menos posibilidades hay de que se realice un control por ejemplo de las investigaciones penales por el aumento de la criminalidad en el país. Todos estos casos que estamos viendo de asesinatos, feminicidios, robo con fuerza, quedarán aún más descuidados dado el déficit de profesionales ya que, quienes están, deben priorizar su atención a estos otros casos con matices políticos”.
Entre las posibles causas de estas deserciones, según los expertos consultados por Martí Noticias, están los bajos salarios y falta de independencia profesional, así como la carencia de otros incentivos laborales y sistemas de protección y el híper control político y de inteligencia secreta abusiva de derechos y garantías sobre sus conductas y relaciones personales.
“Es normal que en los informes de balances de órganos de la fiscalía se supriman las verdaderas causas del éxodo. Los directivos de la Fiscalía, en sentido general, según mi experiencia, no tienen valor para enfrentarse al Partido ni jefes superiores, entes que paradójicamente presiden cada reunión de base cuando son a la vez los responsables directos del problema citado… Al pedir la liberación también mienten por legítima defensa a represalias, muchos para salir ilesos alegan problemas de enfermedad o problemas personales serios encubiertos, postura de doble moral que complace al PCC, que prefiere la mentira a la verdad”, comenta González.
“Lavar actos arbitrarios e ilegales del Ministerio del Interior, en especial de los cuerpos de la Seguridad del Estado en contra de su voluntad, consecuencia del fenómeno de la criminalización de conductas cívicas ciudadanas y la exigencia de un comportamiento ético/ideológico muy complejo de cumplir en una Cuba de sobrevivencia donde comer y vestir todos los días modestamente implican compromisos, violación de la ley y doble moral”, apunta.
Otras de las causas que podrían estar incidiendo además del éxodo masivo de cubanos hacia el exterior en los últimos años es la forma en la que muchos de estos profesionales han sido expuestos ante el mundo por su labor como represores. “Las manifestaciones del 11 de julio de 2021 mostraron la insatisfacción y el descontento social y la crisis económica y política que hay en el país pero también los fiscales quedaron expuestos. Muchos de ellos pidieron sanciones de hasta 30 años de privación de libertad para quienes protestaron”, agrega Morfi.
“Cubalex es una de las organizaciones que ha estado monitoreando a través de las conclusiones provisionales de la fiscalía, y a través de las sentencias que nos van llegando, quiénes son estos fiscales porque ellos juegan un rol fundamental dentro de la cadena represiva”.
A finales de diciembre pasado la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, reconoció que en Cuba la impartición de la justicia está circunscrita al Partido Comunista.
«La unidad junto al Partido Comunista y al heroico pueblo cubano del que somos parte nos guía para vencer dificultades. Nos corresponde continuar actuando desde el cumplimiento de nuestra misión, en la defensa de la construcción de nuestro socialismo próspero y sostenible, inclusivo y participativo, un socialismo donde no se apaguen nunca las utopías», aseguró la funcionaria en declaraciones citadas por la prensa estatal.
En Cuba los jueces son «de la Revolución y del Partido», había dicho anteriormente el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, en un video revelado en mayo de 2022 por Diario de Cuba.