Bruselas | DDC – El Parlamento Europeo aprobó este jueves con 386 votos a favor, 59 abstenciones y 236 en contra una Resolución sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba, que condena la existencia de presos políticos en la Isla, la represión contra activistas, opositores y periodistas independientes, así como las condiciones a que son sometidos los profesionales enviados a «misiones médicas» en el exterior.
Asimismo, exige a la Unión Europea (UE) reconocimiento a la oposición cubana, hacer cumplir su Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con La Habana y poner remedio inmediato a la exclusión de la sociedad civil de la Isla de los fondos de cooperación.
La resolución fue presentada por 14 legisladores el pasado martes, durante debates sobre el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación, a los que se sumaron otros 20 este jueves para un total de 34.
El texto pide que se ofrezcan en Cuba «mayores garantías respecto al derecho a un juicio justo y a la independencia del poder judicial, que se garantice que las personas privadas de libertad tengan acceso a un abogado independiente» y que «las personas detenidas tengan derecho a una evaluación médica independiente, acceso a la comunicación telefónica y visitas periódicas de familiares, amigos, periodistas y diplomáticos».
Los autores de la resolución, miembros de los grupos Renew Europe, Partido Popular Europeo y Conservadores y Reformistas Europeos, lamentaron que «a pesar de la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación hace casi cuatro años, la situación en materia de derechos humanos y democracia no haya mejorado y que no haya generado ningún resultado positivo sustancial y tangible para el pueblo cubano».
El documento destaca «el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país a través de un diálogo con la sociedad civil y la oposición política con el fin de elaborar una hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas multipartidistas».
Por otra parte, la resolución exige al Gobierno cubano que «aplique reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación, y que ponga en marcha las reformas políticas que permitan unas elecciones libres, justas y democráticas que tengan en cuenta la voluntad soberana y libremente expresada» de la población.
Otras peticiones dirigidas a las autoridades de la Isla recogidas en la Resolución son la derogación de los Decretos 349 y 370, concebidos para perseguir el arte independiente y las críticas al régimen en las redes sociales.
Los abusos en las llamadas «misiones médicas» a las que son enviados los profesionales de la salud cubanos también son denunciadas en la resolución. El texto exige a La Habana, entre otras cosas, permitir a esos trabajadores «salir de su país y regresar a él, de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos», en eferencia a la prohibición de entrar a la Isla durante ocho años si abandonan las misiones.
Respecto a la Unión Europea, la resolución pide «al vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (Josep Borrell) que reconozca la existencia de una oposición política al Gobierno cubano y que, en consecuencia, la incluya en los diálogos institucionalizados, formales, abiertos y públicos entre la Unión y Cuba, respetando los pilares del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación».
También critica que «el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Delegación de la Unión en La Habana excluyeran a la oposición democrática cubana y a las organizaciones de la sociedad civil independientes tanto europeas como cubanas de los diálogos políticos debido a la falta de respaldo por parte de las autoridades» de la Isla, lo cual contradice el Acuerdo.
El documento exige poner «remedio inmediatamente a la situación en la que la sociedad civil queda excluida del acceso a los fondos de cooperación y de la participación en el Acuerdo, mientras que, en cambio, la participación y el acceso a dichos fondos están permitidos exclusivamente para las empresas en las que el Estado participa o que controla».
El texto califica como «un caso especial de urgencia» el encarcelamiento de Maykel «Osorbo» Castillo, uno de los intérpretes de la canción «Patria y Vida», así como de los ciudadanos Denis Solís, Luis Robles y los más de 120 presos políticos y de conciencia cubanos.
Asimismo, señala «que las autoridades cubanas se nieguan a permitir la entrada en Cuba de las delegaciones del Parlamento Europeo».
La resolución debe ser transmitida al Gobierno y a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, a Borrell, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos, a los gobiernos y los parlamentos de los estados miembros de la UE y a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La vicepresidenta del Parlamento Europeo encargada para América Latina, Dita Charanzová, expresó satisfacción por la aprobación de la resolución, y advirtió que La Habana «tiene que cumplir con sus obligaciones del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con la Unión Europea».
«Después de cuatro años del Acuerdo UE-Cuba hay más presos políticos en Cuba y no existe ningún proceso de diálogo que incluya a la sociedad civil cubana y a las ONG europeas, excluidas por el régimen», dijo Charanzová en una declaración.
«El pueblo cubano lleva mucho tiempo sufriendo y el objetivo principal de este Acuerdo era mejorar su vida. Sin embargo, Cuba sigue violando sus obligaciones en materia de derechos humanos y la UE debe dar un paso adelante para hacerlas cumplir», añadió.
Charanzová reiteró la petición a la UE «para que convoque una reunión de especial urgencia, tal y como se establece en el PDCA (siglas del acuerdo en inglés), y en caso de que esto no dé resultados, suspenda el Acuerdo», concluyó.