En agosto, el MFP cerró varios locales y canceló proyectos laborales de más de 60 actores no estatales en Cuba.
La Habana (Sindical Press) – El verano que termina se comportó según lo previsto: calor excesivo y mayor represión contra la sociedad civil y el sector de trabajo no estatal, este último afectado por leyes que complican sobremanera su desenvolvimiento.
A causa de la implementación de un coctel de restricciones y condicionamientos, miles de trabajadores en toda Cuba han quedado sin empleo, al cerrar los establecimientos que le daban trabajo.
Leidys Taquechel, una joven madre de dos hijos que vive en la localidad de Jaimanitas, en el municipio Playa de la capital, quedó sin empleo tras cerrar la pizzería donde laboraba. “¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos?”, se preguntaba tras la pérdida del sustento.
“La pizzería tenía seis trabajadores. El dueño nos pagó el dinero que habíamos ganado hasta el momento y dijo que iba a vender el horno y el resto de los utensilios”, alegó la afectada. De acuerdo a su testimonio, es la segunda vez que su empleador se ve obligado a clausurar el negocio debido a las asfixiantes medidas.
“Todos los que trabajábamos en esa pizzería pagábamos los impuestos. No había nada fuera de lugar, incluso el dueño donaba una cantidad de dinero a la municipalidad. Nada de eso importó. La realidad es que todos fuimos perjudicados y lo más triste es que no tenemos derecho a reclamar nada”, agregó Leidys.
Otro de los afectados es Dayan Medina Castañeda, también residente en Jaimanitas. Dayan tiene dos hijos y tampoco sabe cómo va a mantener a su prole.
“Yo era mensajero de una MIPYME en Miramar y me iba bien, de repente vino una inspección y el dueño tuvo que cerrar. Aseguran que le detectaron mercancías a precios topados que vendían a un importe mayor. Aunque sobornó a los inspectores, cómo muchos hacen para evitar multas y decomisos, después vinieron otros con la orden de cierre”.
El pasado mes de julio, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), estableció mediante la Resolución 225, la entrada en vigor de la regulación temporal de precios minoristas máximos para productos de alta demanda, desde entonces se han detectado innumerables violaciones con las correspondientes represalias, incluida la clausura de las entidades transgresoras. La obligación a vender con los topes de precios fijados por el organismo rector, reduce o anula el margen de ganancia de los comerciantes, atizando las contradicciones mercantiles con el desvío de productos hacia el mercado negro y el alza en el coste de los mismos.
Entre el 17 y el 23 de agosto, el MFP decretó el cierre de varios locales y cesó los proyectos de trabajo a más de 60 actores no estatales, como parte de la ofensiva desatada contra el sector privado. El diario Granma publicó que “en solo una semana se habían realizado 58 decomisos, 773 ventas forzosas por violaciones detectadas y otras acciones administrativas que provocaron el cierre de 171 establecimientos y el retiro 197 licencias.
Dueños de negocios denuncian que las autoridades los obligan a incluir un incremento del 10% por cada venta, más un 1% para el desarrollo local, un 1,5% para pagos de la cuenta fiscal y un 1% para la Agencia Cubana de Derecho de Autor Musical, lo que suma un 13% que el régimen retiene por cada transacción comercial.
Cuba Study Group, una organización de empresarios cubanoamericanos a favor del acercamiento a La Habana y, en consecuencia, la ampliación de los negocios de Estados Unidos en Cuba, advierte que las normas recién aprobadas por el régimen para aumentar el control sobre la economía no estatal, es especial las MIPYMES, podrían significar un retroceso dramático para la economía cubana.