En Cuba, la explotación laboral es una verdad fácilmente comprobable y por lo tanto un problema que requiere soluciones urgentes.
La Habana, Cuba | Cuba Sindical Press – En el marco de la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), celebrada en Ginebra, Suiza, entre los días 10 y 21 de junio de 2019, el gobierno cubano volvió a hacer gala de su hipocresía, al dar su aprobación a dos nuevos instrumentos internacionales para combatir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Y es que el voto a favor de estos Convenios no garantiza su cumplimiento, tal y como ha ocurrido reiteradamente en diversas instancias adscritas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Firmar y después lanzar al olvido los compromisos son parte de una práctica habitual que, en este caso, echa por tierra los esfuerzos de la CIT, perteneciente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en proteger a los trabajadores de los países miembros.
Basta recordar, la queja presentada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) ante el Comité de Libertad Sindical respecto a los ataques, hostigamiento, persecución y despidos contra sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación, que continúan repitiéndose bajo un manto de impunidad, violencia y total indefensión de las víctimas.
Es inútil pensar en la definitiva eliminación de los abusos perpetrados, tras el pacto firmado, que no es vinculante y por tanto en alto de riesgo de ser engavetado, a causa de las afectaciones que pueda causar a los intereses de la clase dominante.
Para ratificar las dudas en relación a un cumplimiento, tan siquiera parcial de los documentos firmados en el reciente cónclave laboral, traigo a colación el grosero desdén del régimen comunista por el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, el Convenio 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y el 135, sobre los representantes de los trabajadores, todos ratificados y sin embargo omitidos olímpicamente en aras de conservar el monopolio estatal, con sus prácticas laborales de sometimiento y despojo.
Los representantes del gobierno cubano en la cita internacional enarbolaron los mismos argumentos con su acostumbrada parcialidad, las mismas imprecisiones y el énfasis en culpar al gobierno de Estados Unidos de todos los problemas que existen en Cuba.
En vez de ocupar el tiempo en discursos y conversaciones protocolares donde glorifican los supuestos éxitos de un sistema que ha demostrado su inviabilidad para sacar al país del empantanamiento socioeconómico, los funcionarios presentes en el foro deberían dar a respuesta a las tres recomendaciones del Comité de Libertad Sindical a instancias de las denuncias y exigencias, tramitadas por la ASIC, hace más de un año.
De acuerdo al documento elaborado por la instancia mencionada en el párrafo anterior, creada en 1951, por el Consejo de la Oficina Internacional del Trabajo, el gobierno de la Isla debe garantizar el reconocimiento de la ASIC y su libre funcionamiento, realizar una investigación sobre todos los alegatos de discriminación antisindical planteados e imponer sanciones disuasorias y medidas compensatorias de comprobarse su veracidad y por último brindar al Comité informaciones detalladas sobre los tópicos expuestos y los resultados de los procedimientos administrativos y judiciales llevados a cabo en relación a las demandas.
Lamentablemente, no hay indicios de una restitución de los derechos exigidos para la articulación de un entorno laboral decente ni tampoco que la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) comience un ciclo de desagravios a los sindicalistas independientes que han sido objeto de represalias por parte de la policía política o sus colaboradores.
La OIT debe tomar nota de la permanencia del divorcio entre lo que plantean y lo que hacen en perjuicio de los trabajadores.
En Cuba, la explotación laboral es una verdad fácilmente comprobable y por tanto un problema que requiere soluciones urgentes.
En función de aumentar la eficacia de la OIT, estaría bien que los convenios rubricados fueran vinculantes. De lo contrario continuarán en boga los comportamientos viles y los olvidos voluntarios en detrimento de la masa trabajadora.