Acosadas por la policía, algunas mujeres han recurrido a grupos de WhatsApp para continuar llevando el sustento a sus familias.
La Habana | Jorge Enrique Rodríguez (DDC) – La expansión del Covid-19 en la Isla truncó la sobrevivencia de Aliuska, una joven habanera de 26 años de edad que ejerce como trabajadora sexual entre Centro Habana y el Vedado. Tanto el temor al contagio como las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para intentar contener la pandemia, limitaron su actividad y la posibilidad de llevar el sustento a su familia.
«2020 fue un año bien difícil para todas las mujeres que trabajamos ofreciendo servicios sexuales. Fueron muchas las limitaciones: negocios que tuvieron que parar tras el cierre de las fronteras, gente que se quedó desempleada por las cuarentenas, y que quienes recibían remesas se vieron obligados a prescindir de muchas cosas, porque la escasez de todo disparó los precios de la vida misma», dijo Aliuska, soltera, con una hija de seis años de edad y a cargo de su madre, una anciana con limitaciones físico-motoras.
Al panorama descrito por Aliuska se sumó el recrudecimiento del hostigamiento de la Policía a las trabajadoras sexuales, ahora bajo amparo de un nuevo delito: «propagación de epidemia».
«Intenté hacer parte de mi trabajo en las cercanías de mi barrio, pero el jefe de sector me acosó de tal manera que me vi obligada a desistir. Las amenazas de quitarme a mi hija y de mandarme a prisión por propagación de epidemias y peligrosidad surtieron efecto. Prácticamente he estado viviendo de la caridad pública, de mis amigas en el extranjero, o arriesgándome uno o dos días a la semana a hacer la calle, y no siempre he podido ‘hacer la cruz'».
Con las nuevas tarifas de los servicios públicos y el astronómico aumento de los precios de alimentos y medicamentos tras la instauración del «ordenamiento» monetario y cambiario en el país, la supervivencia de Aliuska se tornó caótica: solo el costo de los medicamentos prescritos a su madre supera los 400 pesos mensuales, y la dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social de su territorio «todavía está estudiando otorgarle la chequera».
Otras mujeres, como Sandra, tienen el convencimiento de que ofrecer servicios sexuales es un trabajo y no les avergüenza. Para esta joven de 27 años, madre soltera de dos menores de cinco y ocho años de edad, ser una mujer independiente y sostener a su familia no va en la misma ecuación de tener un salario estatal.
«Lo que avergüenza es la mentalidad de las personas en este país y la hipocresía del Gobierno y de la Policía, que nos acosa como si estuviésemos cometiendo un delito. Ninguna mujer que ofrece servicios sexuales necesita ayuda psicológica, sino que necesita trabajar como cualquier persona. Pero trabajar por un salario digno y no explotador», dijo Sandra.
«Durante la pandemia, todas nos hemos visto entre la espada y la pared porque aumentó la persecución policial contra nosotras. Mientras se permitía abrir playas, bares y restaurantes, a nosotras nos impedían siquiera salir a la calle», añadió Sandra, quien trabajó en un laboratorio farmacéutico por un salario que apenas le alcanzaba para el uniforme escolar de sus hijas.
«Decidí ofrecer mis servicios porque, al menos para mí, robar o estafar no es una opción. No recibo remesas y jamás he puesto un pie en Seguridad Social para mendigar una chequera. Ser una madre soltera en este país es casi un delito, es casi como llevar un cartel que dice ‘jódete'», cuestionó Sandra, quien ha logrado mantener su actividad durante la pandemia gracias a un grupo de WhatsApp para servicios sexuales.
«Tenemos dos casas de dos amigas, porque en nuestros barrios es imposible por la persecución del jefe de sector», explicó Sandra.
No son pocos los testimonios de trabajadoras sexuales que, a cambio de no ser procesadas por «estado peligroso» ‒delito por el cual son encausadas judicialmente‒ han sido prácticamente obligadas a recibir atención psicológica.
Las trabajadoras sexuales en Cuba no están reconocidas ni protegidas, sino que son estigmatizadas socialmente y por el Gobierno. Desde hace décadas, a aquellas que ofrecen sus servicios a extranjeros se les denomina «jineteras», un término peyorativo que muchas suelen cargar de por vida.
El Código Penal vigente no castiga explícitamente la prostitución, pero el Artículo 73 considera «estado peligroso» que un sujeto incurra en alguno de los índices de «peligrosidad» siguientes: «la embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía, y la conducta antisocial».
En su apartado 2 señala que se considera en estado peligroso por conducta antisocial «al que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive, como un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables». El Artículo 73 suele ser aplicado a las trabajadoras sexuales.
La pandemia también hizo mella en la vida de Viviana, una joven de 30 años de edad que ofrecía sus servicios a extranjeros en la red de hoteles ubicados en el territorio de Playa. Tras el cierre de la frontera, tuvo que hacer malabares para mantener a sus dos hijos menores y a sus padres, de edad avanzada y con graves problemas de salud.
«Trabajar para el Estado es como mentirse a sí misma. Nunca me llegó el círculo infantil para mis hijos, como le pasa a más de la mitad de las mujeres en Cuba. Las madres solteras que quieren ser independientes económicamente tienen que recurrir a los círculos privados. Y para tener una atención médica decente, también tienes que pagar», dijo Viviana, quien no responsabiliza a nadie de su decisión de convertirse en trabajadora sexual.
«Fue mi decisión personal, pero tampoco permito que nadie, incluyendo al Gobierno, me juzgue por no querer seguir girando en un círculo de pobreza y necesidades», añadió.
«Hablamos de un país donde ni siquiera se garantiza la producción de condones. Sigo ejerciendo mi actividad a través de WhatsApp, pero dirigida a clientes bien selectos que puedan pagar los precios actuales», explicó Sandra, a quien el ordenamiento monetario no logra convencerla de abandonar.
«Sales a la calle y todo lo que escuchas son quejas contra el dichoso ordenamiento, que ni quintuplicando los salarios le arreglará la vida a quienes trabajan para el Estado. Por ese camino, bien, mal o regular, muchas madres solteras terminaran ejerciendo como trabajadoras sexuales antes que estar ocho horas sudando para nada», opinó.