El Decreto 217 es bien conocido por trabajadores orientales manipulados de acuerdo con la necesidad o antojo de funcionarios corruptos
Santiago de Cuba | Lourdes Gómez – Los disidentes cubanos sufren cada vez con mayor frecuencia deportaciones dentro del propio territorio nacional, que son una represalia por su activismo y una manera de hacer más efectivo el control de las autoridades sobre sus movimientos. Pero esta violación de los derechos humanos y de la propia Constitución es practicada desde hace años por el Gobierno contra cualquier ciudadano del interior del país que se traslade a La Habana sin autorización o cuyo permiso de estancia en la capital haya caducado.
La aplicación del Decreto 217 es bien conocida por trabajadores orientales que han sido llevados a La Habana, por ejemplo, en «contingentes» de la construcción, y luego obligados a regresar a sus provincias cuando no son necesarios.
René Benítez, era albañil del Contingente Machaco Ameijeiras en 2011. «Me dieron dos cajas de azulejos para trabajar —cuenta— y el director del contingente se llevó una caja del lugar donde las tenía guardadas. Le dije que la cogiera del almacén porque esa me la descontarían a mí; él mandó a cerrarme el contrato porque le reclamé».
«A los pocos días, montaron un operativo policial en el albergue a las 5:00 de la mañana. Nos deportaron a seis orientales (dos de Granma, tres de Guantánamo y a mí), al tener vencida la ‘transitoria’ que debían renovarnos por esos días. Cerrarte el contrato es declararte ilegal. Ese director después fue sancionado por desvío de recursos».
La «transitoria» es el documento que permite a los trabajadores de otras provincias permanecer en la capital sin ser deportados.
Juan Ramón Moret, de 63 años, trabajó durante 14 en el contingente Machaco Ameijeiras, hoy ECAL 5 (Empresa Constructora de la Administración Local), del que ha sido despedido a pesar de haber presentado una solicitud de «licencia no retribuida»para cuidar a su madre postrada,de 89 años,amparado en el artículo 108 del Código de Trabajo.
«La discriminación de los orientales en los contigentes es de siempre —dice— sobre todo en los pertenecientes al Poder Popular. Nos llevan a trabajar, pero sin derecho a vivienda, y cuando no hacemos falta nos expulsan quitándonos la transitoria para que quedemos como ilegales». En los casos que conoció, «los mismos dirigentes llamaron al jefe de sector de la Policía para que hicieran redadas de ‘ilegales’ en los albergues».
Moret, que se desempeñaba como técnico OTS (Organización del Trabajo y los Salarios) a pie de obra, era trabajador del contingente Frank País, del Ministerio de la Construcción, pero fue trasladado Contingente Machaco Ameijeiras con la promesa de otorgarle una vivienda en el llamado movimiento de «microbrigadas».
En 2012, junto a otros 60 trabajadores, fue desalojado sin contemplaciones del albergue en el que residía, cuando las autoridades necesitaron las instalaciones para acoger a damnificados de derrumbes en La Habana Vieja.
«El problema era que ya no nos querían», afirma. «Como no podían darnos baja porque teníamos contratos indeterminados y no tenían justificación para botarnos, decidieron quitarnos el albergue y la comida para que nos fuéramos».
De los 60, seis decidieron quedarse. En el mismo recinto de la ECAL, habilitaron unos almacenes abandonados, que solo tenían las paredes. «Me hice un cuarto en la misma área de los albergues, le puse techo de tejas, ventanas, puertas y compré una cama», relata Moret.
Mientras jefes de todo tipo pasaban por la dirección del contingente y la ECAL haciéndose de casas y desviando recursos, algunos recibiendo sanciones y otros huyendo del país, los obreros orientales veían el tiempo pasar sin conseguir una vivienda, a pesar de las jornadas extra en busca de méritos laborales y de hasta dormir en las obras. Llevaron sus reclamos hasta el Consejo de Estado, pero no recibieron respuesta.
«La ECAL quería deshacerse de nosotros a toda costa», considera Moret. «En diciembre de 2012, estando en la obra, nos avisaron de que habían demolido nuestros cuartos y sacado nuestras pertenencias. Dijeron que allí iban a construir algo, pero hoy aquello está lleno de yerbas del tamaño de un hombre».
«Estaban a la espera de que se nos venciera la transitoria, que dura un año, y nos tiraron a los guardias para que nos deportaran como ilegales», pero «yo me les adelanté, y me hice el cambio de dirección para La Habana con unos primos. Fui el único al que no pudieron echar; no me di por vencido porque tenía los méritos para ganarme la vivienda».
«Comencé a dormir en las obras y hacía de custodio por las noches, era prácticamente un indigente. Cuando no podía quedarme en las obras, me iba para la Terminal de Ómnibus. Me sacaron de mi puesto de trabajo, entablé un juicio que gané y tuvieron que restituirme», concluye.
La enfermedad de su madre lo obligó a regresar a Santiago de Cuba. Hoy, a un año y medio de haber salido de la capital, ha sido informado de que fue dado de baja, lo que complica su posibilidad de jubilación tras 45 años de trabajo. Finalmente lograron sacarle de la ECAL 5.
No obstante, Moret no se rinde: «Les he ganado cinco juicios por haberme despedido ilegalmente. De hecho, me deben una indemnización de un año», dice. «Voy a ingresar a mi mamá temporalmente en un asilo y vuelvo a La Habana para reclamar mis derechos. Ellos me sacaron la vida y ahora no quieren darme el derecho a jubilarme».
Ver también:
Decreto 217 de 22 de abril de 1997 | Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana y sus contravenciones.