La reforma monetaria y cambiaria que entró en vigor el 1 de enero ha añadido nuevos tropiezos a los cuentapropistas
Cambridge | Cuba Sindical Press – Gestionar cualquiera de las modalidades de empleo no estatal se torna en un quebradero de cabeza. El hecho de que el régimen haya determinado ampliar las categorías en las cuales desempeñarse a más de 2000, no quiere decir que exista un ambiente propicio para el desarrollo de una alternativa laboral cuyo origen se fundamenta en la crisis sistémica del modelo socioeconómico.
En realidad, falta determinación y voluntad política en los círculos de poder para crear las condiciones idóneas.
Junto a las medidas que aparentemente favorecen a las personas que han elegido ganarse la vida fuera del monopolio estatal, como el aumento exponencial de las opciones, antes eran poco más 200, aparecen otras que coartan la obtención de razonables márgenes de rentabilidad, como la imposibilidad de importar insumos del extranjero, la inexistencia de mercados mayoristas con ofertas variadas y asequibles, y por si fuera poco, el mantenimiento altas tasas impositivas, todo esto bajo el mantra gubernamental de criminalizar la creación de capital, negarse al otorgamiento de valor jurídico a la propiedad privada y mantener los candados a la posibilidad de invertir, como se le permite a los empresarios foráneos.
Una cosa es lo que se plantea en los reportes de la prensa y en las reuniones de los organismos que atienden estos asuntos, y otra es la que sucede dentro de un sector que pudiera convertirse en el motor impulsor de la economía de no existir la tenaz oposición por parte de una élite resistente a desbloquear las fuerzas productivas.
Aunque los informes oficiales continúen mostrando avances y potencialidades, matizados ahora con el impacto negativo del coronavirus en todas las economías del orbe, la verdad se circunscribe a una merma sustancial del llamado trabajo por cuenta propia, a cuenta del doble rasero de los mandamases de mostrar públicamente su apoyo mientras fortalecen las vías para entorpecerlo día tras día.
Se carece de fuentes fidedignas que muestren la cantidad de personas que han entregado las licencias, pero es presumible que el número sea de seis cifras.
Lidiar con tantas dificultades para obtener un efímero margen de ganancias o pérdidas, no tiene sentido.
La reforma monetaria y cambiaria que entró en vigor el 1 de enero del año en curso ha añadido nuevos tropiezos a los cuentapropistas a partir del alza en los niveles inflacionarios, la escasez generalizada, la devaluación del peso y la contracción del sector turístico que garantizaba el funcionamiento de cientos de negocios no estatales, principalmente asociados a los servicios.
La irrupción de la pandemia en marzo del pasado año, así como su permanencia, complica el panorama económico a nivel nacional de caras al futuro, lo cual indica que más cuentapropistas tengan que abandonar sus labores debido a las mal disimuladas ojerizas gubernamentales y al encadenamiento de obstáculos que van de las reticencias de la cúpula de poder a formalizar cambios estructurales en el ámbito económico a los devastadores efectos de la COVID-19. Un fenómeno epidemiológico que perdura, más allá de vacunas, mascarillas y distanciamientos.
A pesar de todo, los cuentapropistas se las ingenian en mantener a flote sus negocios, antes de decidirse a probar suerte en alguna de las entidades del Estado o a tiempo completo en la economía informal.
No es fácil encontrar plazas vacantes y mucho menos salarios dignos. El mercado negro tampoco promete soluciones duraderas. Aparte de los riesgos de terminar en la cárcel, hay poco que vender.
Por otra parte, los robos en los almacenes que cubrían la demanda han decrecido. No es que el grado de conciencia ciudadana se haya elevado. El asunto radica en la disminución de las mercancías a sustraer, algo que los trabajadores por cuenta propia lamentan profundamente, ya que la rentabilidad depende de esa cadena de suministros. Increíble, pero cierto.