Trabajo por cuenta propia sin personalidad jurídica: ¿Por qué y para qué?

El enfoque del Estado cubano sigue siendo el de un estado rentista excluyente, que parasita la producción y los servicios.

Ciudad de México | Marlene Azor Hernández (DDC) – El Consejo de Ministros ha ampliado las posibilidades del trabajo por cuenta propia a 2.000 nuevas actividades. Sin embargo, el marco regulatorio actual no otorga personalidad jurídica a los 600.000 “cuentapropistas” que hay en el país —desarrollan el 13% de la fuerza laboral— y obstruye su acceso a insumos, producción y comercialización. Posponer la aprobación de las PYMES es una nefasta decisión de política económica.

Varios obstáculos impiden el desarrollo de esta forma de gestión privada: El monopolio estatal de los insumos, el monopolio estatal del comercio, el monopolio estatal sobre el control de la producción de bienes y servicios, y la imposibilidad de acceder a fuentes y canales alternativos al Estado.

¿Qué significa el monopolio estatal de los insumos?

Todos los insumos agrícolas se venden en Cuba en dólares u otras divisas, mientras al campesino se le paga en un peso cuyo cambio oficial es de 24 a 1. Al mismo tiempo, la circulación del dólar no es permitida legalmente. El “corralito” de los dólares en la Isla pasa por la imposición de tarjetas magnéticas en manos del Gobierno y sus empresas. Además de encarecer 24 veces los insumos, los productores que se dediquen a la exportación deben pagar al intermediario GELMA, monopolio estatal, para importar lo que necesiten: un intermediario forzoso, de gestión opaca y sin información pública, que delimita proveedores, precios y comisiones.

Los productores de servicios deben pasar por las mismas estructuras monopólicas estatales, comprando los insumos con la misma devaluación, y/o con los precios inflados del 240% o 300% de las tiendas de GAESA. Todo pago de impuestos exige fundamentación de gastos sobre la base de pagar a estos monopolios estatales.

¿Qué significa el control monopólico del comercio?

Aunque las autoridades han declarado que flexibilizarán el acopio y permitirán otras formas de gestión no estatales para recoger los productos del campo, esto no se ha materializado en regulaciones públicas que permitan entender las reglas del juego. Por otra parte, los decretos recientes apuntan a reprimir a los revendedores callejeros, comerciantes y productores privados con multas y decomiso de productos, todo manera totalmente arbitraria.

¿Qué significa el control monopólico estatal sobre la producción de bienes y servicios?

Estas formas de gestión son consideradas como actividades familiares, con fuerte impuesto sobre la fuerza de trabajo y sin posibilidades de adquirir insumos y vender mercancías y servicios al margen del Estado.

En general, el trabajo por cuenta propia está considerado en Cuba como una labor familiar de sobrevivencia, sin perspectivas de desarrollo. De ahí la exigencia de los economistas de que urge aprobar una legislación sobre las PYMES, que les de respaldo legal y personalidad jurídica para utilizar todas las potencialidades del mercado estatal y no estatal, nacional e internacional, para generar y obtener capital, insumos y comercio al margen del Estado.

El enfoque del Estado cubano sigue siendo el de un estado rentista excluyente, que parasita la producción y los servicios con controles y ejército de funcionarios públicos, que obstruye y controla la producción y no le permite desarrollarse. Este tipo de estado apuesta por obtener la renta de sus intercambios comerciales internacionales, pero no está interesado en desarrollar el mercado y la economía interna. No necesita la eficiencia y competitividad económica para mantenerse. Por eso obstruye las formas de gestión que permitan una eficiencia económica y competitividad en su mercado nacional.

En este sentido, estados como el venezolano y el cubano son antikeynesianos y fuertemente contrarios a desarrollar el mercado interno y la economía doméstica. Por lo tanto, suspenden el bienestar público —subordinado a su capacidad o incapacidad de captar la renta externa—, y excluyen a los restantes actores económicos nacionales, en detrimento de sus ciudadanos.