LA HABANA, Cuba (Iván Hernández Carrillo, Cuba Sindical / www.cubasindical.org) – Los taxistas particulares de La Habana amanecieron este jueves 9 de febrero con el anuncio en los medios de prensa instándolos a reajustar los precios para todas las rutas de la capital. El escrito, publicado como una nota de prensa del Gobierno de La Habana, decía: «Por el acuerdo 185/2016 del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, de fecha 14 de julio del 2016, se acordó no permitir el incremento de los precios referenciales máximos (…) ante la necesidad de proteger a la población…», una disposición que se vierte insólitamente sobre los clientes, aunque los clientes seamos la justificación del Estado para eliminar lentamente a los llamados “boteros”.
Las autoridades han advertido a los transportistas que las denuncias que se reciban de la población, o por resultado de las acciones de control, conllevarán a la cancelación de las licencias o al procesamiento correspondiente, que puede incluir hasta el decomiso del medio de transporte.
Por supuesto que el precio de viaje hasta 20 pesos en casi todos los trayectos amarga a la población, obligada a este tipo de servicio, predominante en la actualidad, debido a la falta de transporte público. Los choferes, por su parte, alegan que estos precios se deben a factores fuera de su control.
En los últimos días he escuchado la queja de muchos de ellos acerca de las inquietudes que cargan, y no precisamente en el maletero de sus carros. Altísimas tarifas de Licencia de Operación de Transporte, exuberantes precios para la adquisición del combustible y de piezas de repuesto ante la ausencia de un mercado mayorista racional que los abastezca, así como el hostigamiento de los inspectores estatales y de la policía de tránsito, entre otros sinsabores, son algunas de las inquietudes que tienen que encarar.
Estos trabajadores independientes afrontan la cuestión desde un punto de vista pesimista. Afirman, con razón, que las leyes no los protegen y que, muy por el contrario, van en su contra. Además apuntan que tras la escasez de transporte privado se encuentra la anulación por parte del gobierno de muchas licencias de transportación alegando violaciones a las leyes del tránsito, o disposiciones existentes que prohíbe a choferes de autos privados de otras provincias ejercer su labor como cuentapropista en la capital.
Objetan que las autoridades jamás han reconocido su contribución a la economía nacional mediante el pago de elevadas cuotas de impuestos anuales y costos de licencia, así como su asistencia a la población, ofreciendo el único servicio viable para poder moverse por la ciudad sin contratiempos.
Las nuevas medidas han llegado para reforzar las ya existentes, como por ejemplo, la prohibición de estacionarse para recoger y desmontar pasajeros en paradas, hoteles y establecimientos estatales, al parecer calculadas para entorpecer el trabajo de estos trabajadores independientes, que ahora recurren al único recurso a su disposición, la huelga de brazos caídos.