Desde este lunes han quedado establecidas 26 terminales y 23 rutas asociadas, fuera de las cuáles no podrán operar los boteros.
La Habana, Cuba | Marcelo Hernández – «Suban que este es el último almendrón que van a ver en muchos días», bromeaba este lunes el conductor de un viejo Chevrolet que hace la ruta entre el Parque de la Fraternidad y Santiago de Las Vegas, en La Habana.
Este lunes, el Consejo de la Administración Provincial inició un «experimento» que incluye nuevas regulaciones, junto a incentivos económicos y fiscales para los trabajadores por cuenta propia dedicados al transporte de pasajeros, conocidos popularmente como boteros. Las medidas ya han despertado más desconfianza que esperanza entre los clientes y los choferes, que empiezan a unir fuerzas ante la situación.
Desde este 8 de octubre los conductores tienen que presentarse en las oficinas municipales que gestionan los permisos de trabajo por cuentapropia y solicitar una nueva licencia operativa. Para obtenerla resulta imprescindible presentar un contrato con las entidades estatales para adquirir el combustible y los datos de una cuenta bancaria.
Tras ese trámite, los conductores podrán adquirir herramientas, piezas y accesorios para sus vehículos en un mercado mayorista a precios un 20% más bajos, pero una buena parte de los boteros consultados por este diario desconfía de que los comercios estatales puedan proveer las partes más necesarias de sus automóviles, la mayoría de fabricación estadounidense.
La prensa oficial ha detallado que el experimento en el transporte habanero se desarrollará durante cuatro meses en La Habana y que, por el momento, es voluntaria la incorporación de transportistas de autos, todoterreno y microbús con capacidad para entre 4 y 14 pasajeros.
El enfado ha empujado a muchos boteros, sin sindicatos permitidos que les ayuden a plantar cara al Gobierno y con el temor de perder sus licencias, hayan decidido comenzar este martes un discreto paro laboral. Sin embargo, las fuertes lluvias en el occidente de la Isla derivadas del huracán Michael harán difícil precisar cuáles no salieron a trabajar como protesta y cuáles por la situación climatológica.
En las últimas horas los usuarios apuraban el paso para tomar uno de estos vehículos con más de medio siglo de antigüedad y con innumerables remiendos. «Cogí el último que salió para La Víbora», cuenta a este diario Teresa, una ama de casa habanera que logró trasladarse al caer el sol y cuando la lluvia no daba tregua.
Las nuevas medidas buscan crear un equilibro entre «los intereses de la población, asociados a precios más asequibles y seguridad», y los de los transportistas, «para que no vean menguados sus ingresos y accedan a facilidades con los insumos», según la viceministra del Transporte, Marta Oramas, pero los clientes tienen también sus dudas.
«Cada vez que implantan una de estas medidas pasan dos cosas: o que somos los pasajeros los que pagamos los platos rotos o que en poco tiempo ya nadie respeta lo estipulado. ¿Vamos a ver qué va a pasar en este caso?», decía un jubilado que esperaba un almendrón en la calle Reina. «Los precios como están no se pueden quedar, porque no puede ser que yo pague a un botero por una ruta más que lo que gano en un día de pensión, pero tampoco el Estado logra hacerlo mejor», protestaba.
Entre las zanahorias que está colocando el Gobierno para que los boteros se animen a dar el paso hacia el reordenamiento de rutas y piqueras está la venta de combustible a precios más bajos, entre 2 y 66 centavos de dólar el litro de diésel o según el tipo de gasolina. La oferta busca poner fin al extenso mercado informal que se nutre del combustible robado a las entidades estatales.
Los transportistas privados deberán también cumplir con consumos mínimos y máximos de acuerdo con el tipo de vehículo, su capacidad y la clase de combustible que utiliza. En el cálculo de la gasolina o el diésel entrará también la variable de la ruta que han contratado previamente con la empresa estatal de transporte.
Desde este lunes han quedado establecidas 26 terminales y 23 rutas asociadas, fuera de las cuáles no podrán operar los boteros. «Eso nos quita movilidad y autonomía, sin dudas», lamenta Abigail Pacheco, de 56 años y 16 en el ruedo de la transportación de pasajeros. «Ahora será una infracción si nos vamos por una calle que no está establecida o si usamos un combustible que no es el que nos vendió el Estado», lamenta.
En un inusual gesto informativo, el programa oficialista Mesa Redonda aludió la pasada semana a la informal convocatoria al paro, a partir de los comentarios de un espectador. Sin embargo, los presentadores eludieron recordar que en Cuba las huelgas laborales están prohibidas y que en más de medio siglo la oficialista Central de Trabajadores de Cuba (CTC) nunca ha convocado a un paro.
«Tenemos que darnos nuestro lugar porque el Gobierno nos trata como si fuéramos un mal necesario, pero nosotros somos las ruedas de La Habana»
En una ciudad con un transporte público caótico, que no ha logrado superar el golpe del fin del subsidio soviético y donde es normal esperar más de una hora en una parada de ómnibus, los almendrones son claves para mover a los millones de pasajeros que cada día necesitan llegar a sus trabajos, viviendas o centros de estudio.
«Tenemos que darnos nuestro lugar porque el Gobierno nos trata como si fuéramos un mal necesario, pero nosotros somos las ruedas de La Habana, sin nosotros se queda parada», cuenta Osmel, un chofer de 38 años que ha decidido desde este martes participar en la huelga «de brazos caídos».
«No todos se han sumado a la convocatoria y la verdad es que no hemos podido difundirla todo lo que nos hubiera gustado, pero en cada piquera los choferes saben que si seguimos cediendo vamos a terminar convertidos todos en trabajadores estatales, con salario fijo y un jefe que nos diga por dónde tenemos que ir», pronostica.
Ahora, los transportistas intentan echar una pelea por recuperar una autonomía que han conquistado desde que el trabajo por cuentapropia se autorizó a mediados de la década de los 90.
Las medidas forman parte de un paquete de 20 decretos, resoluciones y normas que entrarán en vigor el próximo 7 de diciembre y que según las autoridades buscan «reordenar» el sector privado, pero los emprendedores las perciben como un frenazo a las aperturas económicas que impulsó Raúl Castro.