LA HABANA, Cuba | Boris González Arenas | La Habana (www.diariodecuba.com) – La miseria cubana resalta cuando hace frío. En un país de poco invierno no resulta económico gastar dinero en abrigos y estos pasan de mano en mano por décadas. Me llamó la atención el pasado sábado 15 de enero la pobreza manifiesta entre las personas que esperábamos la ruta A-5 en su primera parada frente al Parque de la Fraternidad.
Hacía frío y los abrigos gastados señalaban la pobreza del grupo. No era solo por los abrigos que llamaba la atención la humildad allí concentrada, sino porque muchos íbamos de visita a la prisión 1.580 y si en el mundo las prisiones son sitios para encerrar básicamente a la gente pobre, los reunidos en el lugar evidenciaban que Cuba no es la excepción.
La prisión 1.580 fue la escogida por el régimen cubano para encerrar de manera ilegal al abogado Julio Ferrer Tamayo falseando documentos y por medio de presiones paramilitares. Lo ha reconocido, en una llamada telefónica a su hija Karla Ferrer, el general de brigada Marcos Hernández Alcalá, jefe de la Dirección Nacional de Prisiones. Lo han reconocido las autoridades de la 1.580 que, contra su voluntad, le han mantenido allí. Lo han reconocido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, finalmente, la embajadora estadounidense ante la ONU Samantha Power, al incluir al abogado cubano en la campaña #FreeToBeHome, demandando la libertad de presos políticos en todo el mundo.
El pasado sábado vi por primera vez a Julio en casi cuatro meses. Además de la prisión, de régimen de mediana severidad, el recinto tiene anexos varios campamentos, de menos rigor, y en uno de ellos está Julio. Cuenta su hija Karla que en el régimen de la prisión, que se le aplicó los primeros días de su confinamiento, «la visita es en un salón cerrado, no tiene ventana, lo que tiene es una rejillita alta para que circule un poco el aire, pero es todo cerrado. Hay muchas mesas, bulla y solo permiten que tres personas visiten a cada preso».
En el campamento el régimen es diferente, el interno recibe a sus familiares y amigos a cielo abierto, en un enorme descampado cubierto de árboles altos, y delimitado por un enorme muro protegido con contrafuertes y atalayas a medio construir en una de las cuales vi a un militar casi imberbe con el cañón visible de su fusil.
Antes de llegar allí debí entrar por una puerta pequeña hacia un recinto poco iluminado en el que se espera que un oficial convoque a los familiares del interno leyendo su nombre. Las paredes de la edificación, de grandes piezas horizontales superpuestas con los empalmes visibles, me hicieron evocar un sinnúmero de sitios de mi historia personal. Las de las escuelas al campo, las unidades del ejército, los dormitorios de los campismos populares a los que íbamos de vacaciones los veranos, las viviendas de bajo costo, los policlínicos rurales. Además de estas paredes, conozco estas ventanas de funcionamiento deficiente, el piso de cemento pulido, el techo de tejas, la iluminación mediocre y el mural; pasillos indistintos que delimitan el recorrido del hombre nuevo desde el jardín infantil hasta las celdas de castigo.
El llamado de Julio me permite distinguirlo entre el grupo de internos y sus familiares. Luego me describe detalles que desconozco desde que el pasado 23 de septiembre, cuando paramilitares y funcionarios oficiales asaltaron la sede del Centro de Capacitación Legal Cubalex, en el barrio habanero de El Calvario. Me comenta Julio que la fiscal que tomaba las declaraciones de los miembros de Cubalex le había permitido irse, pero él había permanecido allí para apoyar al resto de los presentes con su conocimiento y, en un momento del diálogo con ella, pasó a denunciar las ilegalidades presentes en su internamiento anterior y en la nueva causa que contra él se preparaba. Fue entonces que un oficial que escuchaba, luego de hablar por teléfono, indicó que le arrestaran y lo condujeran a una estación de policía, no sin antes dar un papel a los patrulleros en que especificaba que era un caso de la Contrainteligencia.
Sigue siendo difícil para un público ajeno comprender que el calificativo de Contrainteligencia es el nombre rimbombante con que se presentan los paramilitares que impiden el trabajo de la sociedad civil. La pretensión del castrismo ha sido siempre que los que se le oponen están locos o son delincuentes o agentes al servicio de algún servicio de inteligencia extranjero, fundamentalmente estadounidense. De ahí los hospitales psiquiátricos, el electroshock y las cárceles. De ahí también el sobrenombre de Contrainteligencia con que encubren la movilización temprana de jóvenes incultos y su entrenamiento militar, su disciplina en valores aviesos y la completa impunidad para sus excesos.
Nuestra comunicación durante la visita fue interrumpida constantemente por internos que solicitaban información a Julio; otro se acercó para presentarle a su mamá. No solo los internos, también las autoridades de la prisión le reclaman para que ayude con los expedientes de los presos que llegan al lugar.
«Las autoridades de aquí han reconocido que el tribunal falseó los documentos», me comenta Julio. «Mi sanción dice que yo he estado detenido todo este tiempo sin reconocer mi salida de septiembre de 2015, luego de extinguir la condena por la que ahora me acusan de nuevo. Pero yo tengo en mi poder el documento que acredita la extinción de mi condena en aquella fecha, en la prisión de Valle Grande, y no aparece ninguna otra entrada a prisión hasta noviembre de 2016 que me trajeron para aquí, para la 1.580. Eso es lo que deja expuesto el fraude de tribunal».
Como Julio, muchos activistas de la sociedad civil y políticos cubanos han sido condenados a prisión de manera ilegal y por contubernios nefastos entre instituciones oficiales y órganos paramilitares. Por estos días el artista El Sexto permanece encerrado sin causa ninguna por más de dos meses, al igual que Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), que fundara Oswaldo Payá.
Mario Alberto Hernández Leyva es otro de esos casos. Vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, además de coordinador del Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo, desde el 1 de noviembre de 2015 permanece en prisión bajo los cargos de atentado y desacato. Antes, el 8 de enero de 2015, había salido en libertad por ser miembro del grupo de los 53 presos políticos liberados a petición del Gobierno de EEUU como parte de las negociaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
El último internamiento de Hernández Leiva comenzó en la prisión de Valle Grande, y de allí lo pasaron al Combinado del Este, ambas en La Habana, la provincia en que reside y donde están sus compañeros de organización. Luego lo pasaron para la prisión El Pre, en Santa Clara, donde los abusos físicos lo dejaron con dificultades para su movilidad de las que apenas se está reponiendo luego de ocho meses, ahora en una nueva prisión, en Holguín.
Cada vez más distante de sus familiares y amigos, el distanciamiento del preso Mario Alberto Leyva Hernández de su zona de residencia es otro recurso de las autoridades castristas para quebrar su voluntad y fuerza.
Si de manera general la prisión es cuestionable como método de contención del crimen y por los dudosos valores humanos que se movilizan para hacerla posible, el internamiento por motivos ajenos al crimen está encaminado a causar los mayores daños físicos, emocionales y espirituales; elementos que caracterizan algo más terrible que el concepto de prisión: la tortura.