Inversionistas están preocupados por normas nacionales que permiten vulnerar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores del sector textil y agrario.
Diario UNO (https://diariouno.pe) – El 18 de diciembre vence el plazo dado por el Departamento (Ministerio) de Trabajo de Estados Unidos para que el gobierno peruano atienda sus recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos laborales fundamentales recogidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral. El experto Juan Carlos Vargas, economista de Programa Laboral de Desarrollo (Plades), explica el impacto del problema sobre los derechos de los trabajadores, y las negativas consecuencias que tendría para el Perú si hace oídos sordos a las recomendaciones formuladas por Washington, enfrentándose incluso a una sanción económica.
—¿Cuál ha sido el impacto económico del TLC en el sector exportador textil y agrario peruano?
—El mercado norteamericano está por encima del 65% para el sector textil y de confecciones, y en el caso de los alimentos es un poco más variable pero sigue siendo EE.UU. el primer destino. A pesar de la situación económica mundial, en ningún momento ha habido un revés económico para la agroexportación; es más, este sector sigue creciendo. Si antes estaba concentrada en Ica, hoy en día se ha expandido hasta Arequipa, Ancash, Lambayeque, Piura, e incluso hasta la selva para productos muy específicos. Esta actividad está creciendo porque hay una demanda exterior y precios interesantes que hacen rentable la actividad.
—Los sectores textil y agrario han crecido con el TLC. Y para ello fueron beneficiados con dos regímenes laborales especiales que tenían una función promocional, es decir, temporal…
—El régimen más antiguo es el Decreto Ley 22342 (Ley de Exportación No Tradicional) que se promulgó en 1978, durante el gobierno militar. Eran años de crisis internacional donde tuvimos un gran problema de acceso a divisas, de dólares, entramos todos en colapso, eso generó que se diera una serie de incentivos para promover las exportaciones. Fue previsto como algo excepcional y transitorio, sin embargo ya ha cumplido 38 años. Por otro lado, en el año 2000 se promulgó la Ley de Promoción del Sector Agrario 27360, cuando era ministro de Agricultura José Chlimper, gerente general de una de las grandes empresas exportadoras de la época, Agrokasa. Esta norma también fue pensada para un periodo temporal, sin embargo, se ha ido extendiendo sin ninguna evaluación. Hay un cuestionamiento en este caso por un evidente conflicto de intereses.
—La queja interpuesta sostiene que Perú está incumpliendo el capítulo laboral del TLC. ¿Estas normativas estarían generando a Perú ventajas comparativas (dumping social) sobre sus productos de exportación a costa de precarias condiciones laborales y menores salarios?
—Las normativas que promocionan el sector agrario y textil efectivamente establecen menores condiciones laborales para los trabajadores de estos sectores: en el primer caso permite condiciones inferiores a las del régimen general. Los trabajadores agrarios tienen menos tiempo de vacaciones, menor compensación por despido arbitrario o perciben una remuneración mínima en la que se incluye también CTS y gratificaciones. En la actividad textil se permite la renovación indefinida de contratos temporales de los trabajadores de exportación no tradicional, perjudicando el derecho a la libertad sindical. Estos regímenes son discriminatorios.
Estas normativas estarían generado dumping social, es decir, explotación de carácter laboral. El capítulo laboral es parte integrante del acuerdo y por tanto, Perú se tiene que comprometer a cumplirlo. Si el mecanismo de solución de diferencias determina que esa violación ha existido, el país afectado puede imponer una represalia comercial de la magnitud del daño que ha sufrido por la otra parte, es decir, Perú podría ser sancionado.
—El régimen agrario permite que las empresas aporten menos a EsSalud. ¿Está el Estado subvencionado a las empresas agroexportadoras?
—La ley otorga un subsidio y permite que las empresas que están en el régimen de la promoción agraria solo paguen el 4%, mientras el resto de empresas pagan el 9%. EsSalud termina subsidiando a estas empresas. Es necesario evaluar cuánto es el costo.
—Desde el TLC las exportaciones textiles bordean los 2 mil millones de dólares anuales, y las agrícolas han crecido un 144%. ¿Tiene justificación que sigan vigentes estos regímenes laborales?
—Nunca ha habido una revisión y evaluación del sustento objetivo de ambas normas. Creo que ha llegado el momento de que la ley se reenfoque hacia sectores que quizá lo necesiten, como empresas pequeñas, que podrían dinamizarse o incentivar su actividad exportadora. Hoy en día la mayoría de las empresas que están usando estos regímenes son las grandes empresas; cuando dicen que estos regímenes favorecen a las micros y pequeñas eso no es cierto, en realidad estos regímenes están siendo usados mayormente por grandes empresas exportadoras.
—El Departamento de Trabajo EE.UU. mostró su preocupación y formuló una serie de recomendaciones. Hasta el momento, el Gobierno peruano no se ha pronunciado al respecto. Quienes sí lo han hecho, son los gremios empresariales como Adex que señalan que si se modifican o derogan estos regímenes especiales se ahuyentaría la inversión ¿qué opina al respecto?
—Lo que estaríamos admitiendo bajo ese razonamiento es que lo que busca la inversión es justamente tener facilidades para tener menores costos laborales. Hay muchos estudios que demuestran que lo que buscan las inversiones es un marco de estabilidad, que permita a las empresas operar.
Hace unos dos años, un conjunto de renombradas marcas internacionales (Adidas, New Balance o GAP), que compran a proveedores nacionales, estuvieron en el Perú. Todas las empresas internacionales que tienen negocios con empresas peruanas en el sector textil y agrario tienen códigos de conducta, certificaciones, sistemas de auditorías, y es evidente que están preocupadas por las normas que permiten vulnerar derechos, como el de la libertad sindical de los trabajadores.
La conclusión a la que llegaron estas empresas es que este régimen tiene que ser modificado, y esa conclusión la plasmaron en una carta al presidente Humala, donde afirmaban que esta ley hace difícil que puedan cumplir con los códigos internacionales de conducta porque permiten violaciones de normas en las empresas peruanas y recomendaron que sea modificado.
¿Cuál fue la reacción de ADEX y de la Sociedad Nacional de Industria? Clamar autonomía y defensa de la soberanía nacional. Los inversionistas internacionales están preocupados por las normas nacionales que permiten vulnerar el derecho a la libertad sindical de los trabajadores del sector textil y agrario. (Gran Angular)