La denominada bancarización, anunciada en agosto, apunta a la eliminación gradual del uso del efectivo en todas las operaciones económicas.
La Habana (DDC) – El Gobierno de Cuba hizo oficial este jueves la norma que obliga a las empresas y comercios estatales y no estatales a operar usando al menos un canal de pago electrónico, decisión que entrará en vigor dentro de un mes y otorga 60 días para su cumplimiento, y responde al proceso de «bancarización», como han denominado las autoridades a las medidas de control fiscal de las operaciones comerciales, en un país con una inflación desbocada y un vasto mercado negro.
La norma, que exime de su cumplimiento solo a las entidades ubicados en zonas sin acceso a internet, fue publicada en la Gaceta Oficial número 106 Ordinaria y señala que todas las entidades que tengan o demanden una licencia comercial deben poseer al menos una de las plataformas nacionales (Transfermóvil y EnZona) o terminales de punto de venta (código QR) para la prestación de sus servicios.
El Ministerio de Finanzas y Precios cubano, que emitió la resolución, la 245/2023, indica que esta va dirigida a «transparentar las transferencias de ingresos y de gastos de la actividad que desarrollan las personas naturales de varios sectores de la economía y la sociedad».
En declaraciones a la estatal Agencia Cubana de Noticias, la viceministra de Comercio Interior (MINCIN), Inalvis Smith, aseguró que la exigencia del nuevo requisito «obedece a la ampliación del proceso de bancarización de las operaciones en el sistema de comercio».
La medida afecta a todos los «actores económicos» de la Isla que desarrollan la venta minorista y mayorista de mercancías; alojamiento interno; servicios gastronómicos y de alimentación, así como a los establecimientos comerciales.
Tras el plazo de 60 días dispuesto por las autoridades para cumplir el requisito, las entidades podrían ser sancionadas bajo el Decreto 184 sobre el incumplimiento de los requisitos para operar, lo que supondría multas o al cierre de las operaciones del establecimiento, hasta cumplir el requisito dispuesto en la norma, advirtió Smith.
La resolución supone además que los «artistas e intelectuales, comunicadores sociales, usufructuarios de tierras agrícolas estatales, propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado sin tierras y otros productores individuales de alimentos de origen animal o vegetal», están «obligados a abrir y operar una cuenta bancaria en pesos cubanos en una sucursal de un banco comercial cubano, la que a todos los efectos legales y del control tributario, se considera una ‘cuenta bancaria fiscal’, que declara ante la Administración Tributaria».
A través de esa cuenta bancaria, los profesionales pagarán impuestos, así como tramitarán «los pagos relacionados con las reparaciones capitales; mantenimientos constructivos; compra de medios y equipos; los servicios recibidos de otras formas de gestión no estatal; así como los pagos a entidades estatales por la compra de bienes y prestación de servicios, que se realicen mediante instrumentos bancarios», dice el texto.
Asimismo, prosigue, tales contribuyentes «quedan obligados a declarar su cuenta bancaria fiscal a cualquier persona natural o jurídica que desee realizarle los pagos mediante transferencia u otro instrumento de pago». Como en el caso de las empresas y comercios, incumplir esta norma «constituye una infracción tributaria sancionable conforme a la legislación tributaria vigente».
Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, aseguró a la Agencia Cubana de Noticias que ese grupo abarca a más de 710.000 potenciales contribuyentes y agregó que la regulación tiene sus antecedentes en el ordenamiento tributario a los «trabajadores por cuenta propia», eufemismo con que el Gobierno denomina a los pequeños emprendedores privados.
Agregó que la decisión «forma parte de los esfuerzos del Estado por fortalecer la legalidad socialista y avanzar en la bancarización de los flujos financieros de las personas naturales».
Según Alberto Javier Quiñones Betancourt, vicepresidente del Banco Central de Cuba, en la Isla hay más de 480.000 «trabajadores por cuenta propia» con cuentas bancarias, y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT), de conjunto con el sistema bancario, trabaja por incrementar tales cifras.
Por su lado, Fernando León Jacomino, viceministro del Ministerio de Cultura, dijo que la implementación de la normativa para este sector requiere de una atención diferenciada, al tener a artistas y creadores, la mayoría músicos, en unidades presupuestadas, y otros que ejercen la profesión bajo el régimen de oferta y demanda.
Mientras que Alexis Santos, director de Economía del Ministerio de la Agricultura, calificó la apertura de cuentas fiscales como una herramienta eficaz para la fiscalización de las declaraciones juradas de los productores agropecuarios, entre ellos, los campesinos, y «la eliminación de conductas evasoras».
La denominada bancarización, anunciada en agosto pasado por funcionarios del Banco Central de Cuba, apunta a la eliminación gradual del uso del efectivo en las operaciones económicas en la Isla y provocó duras críticas de expertos y cubanos simples.
Al presentar la medida, los funcionarios argumentaron entonces que ella apuntaba a la existencia de «un nivel de efectivo fuera del sistema bancario muy alto, más allá de lo que necesita la economía».
Documento relacionado: Resolución 245/2023