Luis Felipe Rojas | Miami – Las autoridades cubanas mantienen bajo arresto al periodista independiente Juan Carlos Linares Balmaseda.
Su esposa, Annabel Borges Tamarit, denunció a Martí Noticias que “probablemente” lo sometan a un juicio sumario bajo el supuesto delito de “desacato a un funcionario público”.
Balmaseda, de 50 años, está detenido desde el pasado 21 de septiembre en la unidad de detenciones conocida como el Vivac, en el barrio de Calabazar, municipio Boyeros, La Habana.
Según la esposa del comunicador, explicó que el hecho tuvo lugar ante una reclamación de Linares Balmaseda al vicepresidente del Poder Popular en Luyanó, municipio 10 de octubre.
Linares Balmaseda, quien ejerce como periodista independiente desde 1998, reclamó al funcionario «conocido como Tito» por el retiro de la licencia de trabajadora por cuenta propia de su esposa como “vendedora-carretillera”, lo que trajo la discusión y posterior acusación de desacato.
“Él toca, empuja la puerta y le dice a ese funcionario que le había dejado a su esposa sin trabajo y entonces cuando yo llego, ya todo estaba preparado: el compañero que lo atendió es un agente de la Seguridad del Estado, que está trabajando ahí, pero cumple su función también como Seguridad del Estado”, aseguró la mujer.
A Balmaseda, quien publica sus trabajos periodísticos en en el portal Cubanet, denunciando las violaciones a los derechos humanos en Cuba, lo han amenazado con encausarlo inmediatamente, señaló la mujer y agregó que el funcionario usó palabras obscenas para referirse al trabajo de su esposa en la oposición: “Yo no creo en tus derechos humanos”.
En una conversación posterior, el mismo funcionario -indica la mujer- dijo que no haría ninguna denuncia.
El 4 de abril Linares Balmaseda había radicado una propuesta de ayuda a las personas con discapacidad, mediante la Red de Cultura Inclusiva, consistente en que el Estado mejore las condiciones de trabajadores discapacitados.
La esposa de Balmaseda explicó a Martí Noticias que desde hace años ella y su hijo, ahora radicado en los Estados Unidos, vendían productos agrícolas en una antigua pescadería, ubicada en las calles Teresa Blanco y Pasaje de las Cadenas, Luyanó; pero el gobierno decidió modificarles la licencia de operaciones de ‘punto fijo’ a ‘vendedores-carretilleros’, hasta que se la retiraron recientemente.
Durante los trámites judiciales Annabel Borges ha recibido la negativa de la fiscalía y el tribunal municipal para poder contratar un abogado para su esposo. Es un juicio sumario y por tanto el letrado no tiene acceso a la documentación.
“Fui ayer al tribunal, por un abogado que le quiero poner y él me dice que si no tiene el expediente no puede ir al juicio. Es un juicio sumario en el cual ni a mí que soy su esposa me han dado una citación para decirme el día, la hora. Me tienen como un ‘palito barquillero’, de un lugar, de una estación (policial) a otra”, lamentó Annabel.
Para la Red de Cultura Inclusiva, de la que forma parte Balmaseda, su “propósito es lograr una mayor sensibilización y un mejor trato hacia las personas con discapacidad a través de la defensa de sus derechos reconocidos en las convenciones internacionales”, según editorial publicado en su sitio digital.
El pasado 11 de septiembre cuatro integrantes del captítulo cubano de la Red denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) algunos casos de violación de los derechos de personas con discapacidad en Cuba.
Una de las denuncias de más peso fue la de la mortalidad infantil en la isla, los ponentes insistieron en “que el gobierno cubano a fin de no afectar su data de mortalidad infantil opta por no registrar a estos niños cuando presentan un alto riesgo de morir”.
La denuncia en el 164° Período Extraordinario de Sesiones a la CIDH la hicieron, a nombre de la Red, los disidentes Acelia Carvajal, Juan Goberna, Rolando Ferrer y César Mendoza.